Casa Rosada cuestiona el alcance y los motivos de la medida de fuerza
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El Gobierno nacional realizó su propio balance del paro universitario concretado este miércoles y lo calificó como una medida “muy política”, impulsada por gremios que, según fuentes oficiales, actúan “en plena sintonía con la dirigencia opositora”. Desde la Casa Rosada remarcan que la huelga se llevó adelante pese a la vigencia de un acta paritaria y a los compromisos asumidos en materia salarial y de financiamiento.
Voceros libertarios de primera línea señalaron a Agencia Noticias Argentinas que el oficialismo hizo “todo lo posible y lo que está al alcance de la normativa” para atender los reclamos del sector. En ese sentido, subrayaron que se concretaron las transferencias a los hospitales universitarios y se avanza con el pago de los aumentos pactados para docentes y no docentes en la paritaria firmada el 10 de junio pasado.
El acuerdo vigente estableció un cuarto intermedio hasta los primeros días de septiembre, cuando las partes volverán a sentarse a discutir una nueva actualización salarial. En el Ejecutivo recuerdan que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se acordaron incrementos “por encima de la inflación” y que “los montos se están abonando según el cronograma establecido”, según indicaron desde el Ministerio de Capital Humano.
Desde el Gobierno apuntan además contra el rol de los sindicatos universitarios, a quienes acusan de haber convocado al paro “sin aval de los rectores” y en coordinación política “con el kirchnerismo”. De acuerdo con esa mirada, la medida buscó capitalizar el clima generado por el debate de la Ley de Tierras, el tema Malvinas y la marcha de científicos, aunque en la Casa Rosada sostienen que el impacto en el dictado de clases fue “muy acotado”.
Disputa por la Ley de Financiamiento Universitario y la vía judicial
En el oficialismo asegura que la protesta se enmarca en el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el Gobierno objeta por considerar que “rompe el equilibrio fiscal”. Sin embargo, en despachos oficiales confían en que la Justicia fallará a su favor y evitará la plena aplicación del texto cuestionado.
Pese a esa expectativa, fuentes consultadas indican que existen fondos previstos en el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, para atender la cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). La casa de estudios recurrió a los tribunales para exigir el cumplimiento de los aumentos salariales dispuestos por ley y la recomposición de programas de becas y ayudas estudiantiles.
El expediente quedó en manos del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto con el objetivo de acercar posiciones entre el Poder Ejecutivo, la UBA y los representantes del sistema universitario.
- El Gobierno defiende los acuerdos paritarios firmados en junio y promete revisar salarios en septiembre.
- Las universidades y gremios reclaman la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Los gremios ya están jugando con la dirigencia opositora; quisieron aprovechar el clima político y armar este paro, pero no tuvo impacto masivo en las clases”, evaluó una fuente libertaria consultada.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen, por el contrario, que la cautelar debe quedar firme y que el Poder Ejecutivo está obligado a cumplir con el texto votado por el Congreso. Mientras tanto, el conflicto suma un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre el Gobierno y el sistema universitario público, en un contexto de ajuste fiscal y debate por el futuro del financiamiento educativo en todo el país.
