El oficialismo prepara su ofensiva legislativa para agosto
El Gobierno nacional se alista para un agosto clave en el Senado, donde La Libertad Avanza intentará reimpulsar el paquete de leyes económicas que permanece trabado desde hace meses por la falta de acuerdos con los bloques dialoguistas. Tras haber logrado únicamente la aprobación del acuerdo con los fondos buitres, el oficialismo plantea ahora una agenda concentrada en la propiedad privada, el régimen de Zonas Frías, el llamado Súper RIGI, la reforma del Banco Central y cambios profundos en la Ley General de Sociedades.
La prioridad inmediata será el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad”, una iniciativa que volverá al recinto el 6 de agosto después de cuatro intentos frustrados. El texto forma parte de la reforma de la Ley de Tierras y se convirtió en eje de una fuerte disputa interna entre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado, Patricia Bullrich, encargada de tejer un entendimiento con los bloques aliados.
Reforma de la Ley de Tierras y rol de las provincias
El oficialismo busca avanzar en una nueva redacción de la normativa sobre propiedad privada y venta de tierras a extranjeros. En la última versión del proyecto se establece que los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera no podrán comprar tierras en el país, salvo autorización expresa de la provincia donde se ubica el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, se mantiene la exigencia de autorización provincial y nacional para la adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera. Se elimina, en cambio, la figura del silencio administrativo, que habilitaba la operación en caso de falta de respuesta en un plazo de seis meses. El esquema propone que cada jurisdicción pueda dictar su propia normativa y participar activamente en la aprobación de ventas a inversores foráneos, un punto defendido por Bullrich ante Sturzenegger.
Zonas Frías: recorte de subsidios y resistencias políticas
Otro eje de tensión es la reforma del régimen de Zonas Frías, que limita el alcance del subsidio al gas para la Patagonia, Malargüe y la Puna. El proyecto fue aprobado en Diputados el 20 de mayo y está a la espera de tratamiento en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda del Senado. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya expuso ante los senadores para sumar apoyos, pero enfrenta la resistencia de sectores del radicalismo y de aliados provinciales.
La iniciativa recorta el beneficio que desde 2021 se había extendido a localidades de 15 provincias, por lo que alrededor de 1,7 millones de hogares dejarían de recibir el descuento en las facturas una vez sancionada la ley. El debate se da en un contexto de subas tarifarias y ajuste fiscal, y promete ser uno de los capítulos más sensibles del paquete económico por su impacto directo en el bolsillo de los usuarios.
El Súper RIGI y la apuesta por las mega inversiones
En paralelo, el Gobierno empuja el denominado Súper RIGI, un régimen de incentivos para grandes proyectos de inversión que ya cuenta con media sanción de Diputados. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, ofrece amplias exenciones impositivas, beneficios aduaneros y ventajas cambiarias para atraer capitales a sectores de frontera tecnológica.
- Umbral mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares, muy por encima de los 200 millones del RIGI original.
- Enfoque en actividades como litio y otros minerales críticos, biotecnología, producción de baterías y energías renovables.
- Incentivos para proyectos vinculados con hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, semiconductores, reactores nucleares y desarrollo de inteligencia artificial.
El oficialismo pretende convertir en ley este esquema antes de fin de agosto, con el argumento de que permitirá dinamizar la llegada de dólares y acelerar la reconversión productiva. Sus críticos advierten sobre riesgos de privilegios excesivos y un impacto limitado en la economía real si no se acompaña con políticas de desarrollo local.
Cambios en la Ley de Sociedades y reforma del Banco Central
Otra pieza clave del paquete es la reforma de la Ley General de Sociedades, también diseñada por Sturzenegger. El proyecto apunta a reducir al mínimo la injerencia del Estado en la organización interna de las empresas, de modo que las normas legales pasen a ser supletorias y prevalezca lo que fijen los estatutos. La propuesta limita las facultades de los registros públicos para imponer criterios restrictivos y flexibiliza el objeto social, permitiendo actividades amplias y no necesariamente conexas.
Uno de los cambios más discutidos es la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero o al arbitraje internacional, con el propósito de evitar la lentitud de la justicia local y brindar mayor previsibilidad a los inversores.
En paralelo, el Ejecutivo prepara una reforma estructural del Banco Central, con el objetivo de prohibir de manera explícita el financiamiento al Tesoro, reforzar la independencia de la entidad y fijar como mandato excluyente la estabilidad del valor de la moneda. Ese proyecto, que aún se encuentra en etapa de negociación política, completa un tablero legislativo que promete un mes de agosto intenso en la Cámara alta, donde el Gobierno buscará su revancha tras meses de parálisis.
