Mientras el Gobierno nacional se apronta para privatizar 165 kilómetros de la Ruta 9 y más de 470 de la 188, el Sindicato de Trabajadores Viales rechazó las nuevas concesiones y consideró que la gestión del presidente Javier Milei propone un modelo de “desfinanciamiento” y “vaciamiento”. En el caso de los corredores que pasan por San Nicolás se crearían dos nuevas estaciones de peaje.
De la redacción de EL NORTE
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Con un proceso de licitación que de un momento a otro desembocará en una adjudicación al próximo concesionario de los tramos de las rutas nacionales 9 y 188 que atraviesan el Partido de San Nicolás, el Gobierno avanza con su Red Federal de Concesiones para la privatización de más de 9.000 kilómetros de corredores. En ese contexto, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) rechazó una nueva planificación de ese programa.
El gremio liderado por Graciela Aleñá indicó que el esquema “consolida un modelo que prioriza la recaudación por sobre la inversión en infraestructura”.
En el caso del denominado Tramo Portuario Sur, integrado por 165 kilómetros de la Ruta 9 (desde Campana hasta el Arroyo del Medio) y por más de 470 kilómetros de la Ruta 188 (desde el Puerto de San Nicolás hasta la localidad pampeana de Realicó), dos situaciones coinciden con el planteo de la entidad gremial: mientras el pliego de licitación no contempla, por ejemplo, la constitución de terceros carriles para la Ruta 9, sí están previstas dos nuevas estaciones de peaje: una en el kilómetro 195 de la Ruta 9, en la localidad de El Paraíso en el Partido de Ramallo; y otra en el kilómetro 60 de la Ruta 188 en la localidad de Juan A. de la Peña, en el Partido de Pergamino.
Desde hace meses, STVyARA se encuentra en un profundo enfrentamiento con la gestión del presidente Javier Milei por el desfinanciamiento, las concesiones privadas para el mantenimiento de rutas y el vaciamiento en los distintos puestos de trabajo en el sector.
Con respecto a este último punto, el gremio no sólo advirtió el riesgo “inminente” en el aumento de despidos, sino que indicó que a través de esas medidas se prevé un “desguace” institucional de Vialidad Nacional.
De acuerdo a lo anunciado por el propio sindicato, ya han realizado varias movilizaciones, jornadas de paro y quites de colaboración en diferentes distritos del país, durante estos dos años y medio e, incluso, han logrado cierto apoyo regional, debido a que varios gobernadores y legisladores provinciales se mostraron “preocupados” por el deterioro de la red vial.
Días atrás la secretaria general de STVyARA destacó el fallo de la Justicia federal que detuvo la “eliminación por decreto presidencial” de la Dirección Nacional de Vialidad, pero, a su vez, dejó en claro que “la pelea continúa” entre la entidad y el Gobierno.
“Suponíamos que algún juez iba a tomar cartas en el asunto. Agradecemos el respaldo social y gremial que recibimos, pero ahora nos queda sostener la presión en el Congreso Nacional para rechazar el decreto que, en principio, el amparo suspendió por seis meses y que no sólo frena la disolución del ente vial, sino que impide que el Estado realice cualquier tipo de modificación en su estructura de personal”, señaló el gremio.
Para finalizar, remarcaron que el decreto “debe ser rechazado por ambas cámaras” y, de esa manera, evitar las privatizaciones que sirven para “hacer negocios y destruir las rutas nacionales”, que ya se encuentran “desfinanciadas por el desvío del impuesto a los combustibles”.
