Esta medida tendrá un tope de $300.000, y aplica a las cooperativas que dependen de las organizaciones sociales.
En el mismo decreto en el que Alberto Fernández detiene la incorporación de beneficiarios al plan Potenciar Trabajo, autorizó un beneficio para organizaciones sociales cercanas al oficialismo. Específicamente se les otorga el 30 por ciento “de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $300.000.000″.
El beneficio era reclamado desde hacía meses por los principales dirigentes populares que son funcionarios en varios ministerios, como el de Desarrollo Social y Trabajo. Primero intentaron que sea aprobado a través del Congreso en forma de ley, pero al chocar con la voluntad de un buen número de diputados y senadores, se decidió tomar el atajo del decreto.
Sin embargo, una cuestión que no destaca explícitamente el texto, son los controles sobre la implementación de los fondos públicos. No se refiere a ningún apartado, desde la licitación hasta el uso de los mismos.
“Es fundamental para el Gobierno Nacional impulsar políticas que generen empleo genuino, para lo cual es necesario adoptar medidas para atender y prevenir la vulnerabilidad laboral, cuyas consecuencias más visibles son, entre otras, la indigencia, la pobreza y la exclusión social”, sostiene el fundamento de este decreto.
Sobre esta decisión, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, detalló a que se debe esta medida: “El decreto es una forma de dar vuelta la página de los planes y transformarlos en trabajo genuino. Se fortalece los esquemas que tienen que ver con la entrega de maquinarias y herramientas que otorga el ministerio de Desarrollo Social y empleo vinculado con la obra pública de pequeña escala que no requieren grandes maquinarias”.
