La Casa Rosada busca frenar el cumplimiento inmediato de la norma
NewsITe
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que ordenó el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, en un nuevo capítulo de la disputa entre la administración de Javier Milei y el sistema universitario público. La decisión oficial apunta a ganar tiempo y postergar la aplicación de una norma que el Congreso aprobó y ratificó con insistencia parlamentaria.
Según señalaron a Noticias Argentinas funcionarios de primera línea, en Balcarce 50 hay una única consigna: recurrir todas las resoluciones adversas mientras se estira la discusión sobre cómo afrontar los fondos previstos para 2025. En el discurso oficial se repite que “no hay plata” para sostener una ley que, argumentan en el Ejecutivo, compromete el superávit fiscal.
La llave del conflicto la tiene el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, responsable de decidir si se liberan o no las partidas. En su entorno remarcan que es un férreo defensor del déficit cero y que pretende esperar la evolución de la causa antes de habilitar recursos. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo de la ley equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno.
Un fallo que cuestiona el decreto del Ejecutivo
El juez Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había intentado suspender la plena vigencia de la ley. El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo reglamentar y ejecutar de inmediato la norma.
En su resolución, Cormick sostuvo que el decreto “no supera un test mínimo de razonabilidad”, al habilitar que el Ejecutivo deje sin aplicación una ley que el Congreso insistió con las mayorías agravadas necesarias. Para el juez, el argumento del equilibrio fiscal no alcanza para anular la voluntad legislativa.
Reclamo universitario: presupuesto y salarios
Las universidades nacionales reclamaron a través del amparo que se garantice el financiamiento básico para su funcionamiento, así como la recomposición salarial de docentes y no docentes. La decisión judicial fue interpretada por rectores y gremios como un respaldo a la autonomía universitaria y a la continuidad del sistema de educación superior público.
Desde el Sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA) calificaron el fallo como una “contundente victoria” y ratificaron la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 15 de octubre, con la consigna de defender la universidad pública en las calles.
Las voces sindicales y la próxima Marcha Federal
Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, consideró que la resolución “demuestra que el Poder Ejecutivo vulneró la Constitución al intentar legislar por decreto y aplicar un veto encubierto” contra una ley aprobada por dos tercios de ambas cámaras. Afirmó que el fallo deja en claro que el Gobierno no puede arrogarse facultades del Congreso bajo el pretexto del equilibrio fiscal.
“Es una victoria contundente para las universidades nacionales, para nuestros salarios y para todo el sistema público universitario”, sostuvo Perazzi al analizar el impacto del pronunciamiento judicial.
En la misma línea, Federico Montero, dirigente nacional de CONADU, advirtió que el conflicto “se resolverá en el terreno político” y llamó a multiplicar la movilización del 15 de octubre. Señaló que el fallo “desarma el relato del Gobierno”, pero recordó que la administración Milei “ya demostró una voluntad sistemática de incumplir leyes y recortar presupuesto”.
Mientras tanto, el escenario queda abierto: de un lado, un fallo que exige aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario; del otro, un Gobierno decidido a apelar y a defender a ultranza el ajuste. El desenlace, coinciden en el ámbito académico y político, tendrá impacto directo en el futuro de la universidad pública argentina.
