El oficialismo redobla la apuesta tras el revés judicial
NewsITe
El Gobierno nacional decidió profundizar su ofensiva judicial para lograr la plena vigencia de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 resolviera suspender de manera cautelar varios de sus artículos a partir de una presentación realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El fallo, conocido este lunes, representó un traspié para la administración de Javier Milei en uno de los ejes centrales de su programa económico: la desregulación y flexibilización del mercado de trabajo. Pese a ello, en la Casa Rosada aseguran que irán “hasta las últimas consecuencias” para que la norma, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, quede plenamente vigente.
Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes oficiales, la estrategia jurídica estará a cargo del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, y de la Procuración del Tesoro de la Nación. Ambas áreas coordinarán la apelación a la medida cautelar dispuesta a favor de la central obrera. Por ahora, el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, no interviene directamente en el expediente.
La postura del Gobierno y el rol de la CGT
Desde Capital Humano difundieron un comunicado en el que cuestionan con dureza el accionar de la CGT y de los gremios que impulsaron la presentación ante la Justicia laboral. “El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia”, señalaron.
En la mirada del oficialismo, la modernización laboral apunta a reducir la litigiosidad, actualizar figuras contractuales y estimular la creación de empleo registrado, en especial en el sector privado. Para la dirigencia sindical, en cambio, varios de los artículos cuestionados implican una pérdida de derechos para los trabajadores, una mayor facilidad para los despidos y un debilitamiento de la negociación colectiva, por lo que insisten en frenarlos en los tribunales.
- La CGT promovió la acción judicial que derivó en la suspensión parcial de la ley.
- El Gobierno remarca que la norma fue aprobada por amplia mayoría parlamentaria.
- Capital Humano y la Procuración del Tesoro serán los encargados de la apelación.
Un conflicto que puede escalar
La disputa por la reforma laboral se inscribe en un escenario de alta tensión entre el Poder Ejecutivo y el movimiento obrero organizado. La central cegetista ya había advertido que recurriría a todas las vías institucionales disponibles para frenar cambios que, a su entender, “retrotraen décadas de conquistas”. No se descartan nuevas medidas de fuerza si el conflicto escala.
“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que la ley se aplique en su totalidad. Tiene plena legitimidad parlamentaria”, remarcan en el oficialismo.
En las próximas semanas, la Cámara de Apelaciones deberá revisar la cautelar dictada por el juzgado laboral. Lo que allí se resuelva marcará el pulso del futuro inmediato de la reforma y del vínculo entre el Gobierno y los sindicatos. Mientras tanto, la discusión sobre el rumbo del mercado de trabajo y la necesidad de actualizar las normas laborales seguirá en el centro del debate político y económico argentino.
