El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para liberar de impuestos nacionales, provinciales y municipales las nuevas inversiones en rutas concesionadas. De aprobarse la iniciativa, el beneficio alcanzaría al Tramo II B de la Ruta 9, que atraviesa San Nicolás.

El Gobierno nacional impulsará un proyecto de ley para eximir del pago de impuestos a los nuevos aportes de capital destinados a obras en rutas nacionales concesionadas. La propuesta tiene como tope 6000 kilómetros de la red vial y, si obtiene la aprobación legislativa, afectaría favorablemente para las empresas que ganaron la concesión del Tramo II B de la Ruta 9 que atraviesa San Nicolás.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó la iniciativa durante el evento Vientos de cambio, realizado este miércoles en el Hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro. Según informó Infobae a partir de fuentes vinculadas con la medida, el Ejecutivo enviará la propuesta al Congreso de la Nación.
El proyecto contempla que los nuevos aportes de capital dirigidos a esos corredores no paguen impuestos nacionales, provinciales ni municipales. La aplicación del beneficio dependerá de la aprobación del Poder Legislativo.
“Todo lo que es infraestructura de acá a dos años máximo va a ser completamente diferente. Por ejemplo, todos los tramos de los corredores viales van a estar en construcción a partir de octubre”, indicó Caputo.
El funcionario también sostuvo: “Una cosa que vamos a hacer, y en la que estoy seguro de que contaremos con el apoyo de los gobernadores porque coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental, es proponer que toda inversión en 6.000 kilómetros (de las vías concesionadas) sea a 0 impuesto nacional, provincial y municipal, de manera que se genere más incentivo, sea más barato todo este proceso de desarrollo y se haga más rápido”.
La medida alcanzaría al Tramo II B de la Ruta 9
La Ruta 9 a la altura de San Nicolás forma parte del Tramo Portuario Sur de la Red Federal de Concesiones. Dentro de ese corredor, el sector que atraviesa la ciudad se encuentra comprendido en el Tramo II B.
El Ministerio de Economía adjudicó recientemente el corredor por 20 años mediante la Resolución 1379/2026, publicada en el Boletín Oficial. Si el Congreso aprueba la iniciativa anunciada por Caputo, los nuevos aportes de capital destinados a reparar, ampliar, conservar o mantener la autopista en la región quedarían alcanzados por la exención impositiva.
La adjudicación del Tramo Portuario Sur recayó sobre la propuesta presentada conjuntamente por AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A. La oferta quedó primera en el orden de mérito del proceso licitatorio. Las empresas tendrán a su cargo la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento del corredor.
El Tramo Portuario Sur posee una extensión de 164,19 kilómetros. Comprende el sector de la Ruta Nacional 9 que se extiende desde el empalme con la ruta provincial ex ruta nacional A-024, a la salida del Puerto de Campana, hasta el límite entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
La propuesta adjudicada fijó una tarifa de $1399 sin IVA. Ese monto corresponde a la oferta económica presentada dentro de la licitación y no representa automáticamente el precio final que pagarán los automovilistas en cada estación de peaje.
En el orden de mérito, Creditech S.A.-Plantel S.A. terminó en el segundo lugar con una oferta de $1499 sin IVA. Basaa S.A.-Cecosa S.A. ocupó el tercer puesto con una propuesta de $1687,27.
La adjudicación del sector de la Ruta 9 que atraviesa San Nicolás forma parte de la tercera etapa del proceso de privatización de Corredores Viales S.A.
El Gobierno proyecta iniciar las obras en octubre
Caputo señaló que las obras en la totalidad de los corredores adjudicados comenzarán en octubre. La exención impositiva anunciada apunta a reducir los costos de las inversiones privadas previstas para esos tramos y acelerar el desarrollo de las tareas viales.
Para el equipo económico, la explotación privada de la red vial constituye uno de los pilares del plan destinado a impulsar la actividad durante el último cuatrimestre del año. En ese marco, el Gobierno busca reactivar la construcción, uno de los sectores que registró una mayor caída durante los últimos dos años y medio.
La semana pasada, el Ministerio de Economía oficializó la concesión de ocho corredores nacionales por un plazo de 20 años. Los contratos corresponden a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y reúnen más de 3900 kilómetros de rutas.
“Adjudicamos la Etapa III de la Red Federal de Concesiones: más de 3.900 km de rutas nacionales, distribuidos en 8 tramos estratégicos, con inversión 100% privada”, había explicado Caputo días antes.
Los contratos incluyen la ejecución de obras y la operación y administración de las rutas. También contemplan trabajos de reparación, ampliación, preservación y mantenimiento, además de servicios para los usuarios y actividades complementarias destinadas a generar ingresos adicionales.
El esquema se desarrollará bajo el sistema de concesión de obra pública con peaje. Los ocho segmentos adjudicados son Portuario Sur, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.
Estos corredores atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones y Mendoza.
Licitarán otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales
Con las últimas adjudicaciones, el Gobierno informó que ya asignó más de 9000 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 16 tramos. Según Caputo, por esos corredores circula cerca del 80% del tránsito del país.
El ministro también anunció que el Ejecutivo licitará otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Además, avanzará en acuerdos con algunas provincias para transferirles la administración de determinados sectores de la red vial.
Caputo explicó que algunas cesiones podrán incluir esquemas de financiamiento, mientras que en otros casos no será posible implementarlos. El funcionario no brindó mayores precisiones sobre los tramos que podrían quedar bajo administración provincial.
La concesión de los ocho corredores de la Etapa III forma parte del proceso de privatización de Corredores Viales S.A. La Ley Bases declaró a la empresa sujeta a privatización y el Decreto 97/2025 autorizó posteriormente el procedimiento mediante concesiones de obra pública por peaje.
El proyecto de exención anunciado todavía deberá ingresar al Congreso y atravesar el debate legislativo. Si ambas cámaras lo aprueban, las nuevas inversiones destinadas al Tramo II B de la Ruta 9 que atraviesa San Nicolás quedarían exentas de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

