La Agencia Nacional de Discapacidad se compromete a modificar la normativa tras críticas de organizaciones y especialistas
El Gobierno argentino reconoció haber cometido un error al utilizar términos ofensivos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” en la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada el 16 de enero de 2025 en el Boletín Oficial.
Esta resolución establecía criterios para evaluar la invalidez laboral y acceder a pensiones no contributivas, empleando una terminología considerada obsoleta y discriminatoria.
Ante el repudio generalizado de diversas organizaciones de derechos humanos y especialistas en discapacidad, la ANDIS emitió un comunicado aclarando que la inclusión de dichos términos
“no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”.
Además, anunciaron que tanto la resolución como su anexo serán modificados para alinearse con estándares internacionales vigentes, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).
El decreto
La polémica surgió cuando se hizo público que la resolución utilizaba categorías despectivas para clasificar a personas con discapacidad intelectual, basándose en un baremo psiquiátrico idéntico al del decreto 170/98, firmado en 1998 por el expresidente Carlos Menem.
Este decreto, titulado “Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores”, fue posteriormente modificado para adaptarse a los lineamientos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Argentina en 2008.
Repudio
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto a otras seis ONGs, presentaron un reclamo administrativo el 3 de febrero, solicitando la derogación de la normativa por considerar que refuerza la discriminación histórica hacia las personas con discapacidad. Argumentaron que el lenguaje utilizado en la resolución perpetúa estigmas y contradice los avances logrados en materia de derechos humanos e inclusión.
El presidente Javier Milei defendió inicialmente la medida, afirmando que era necesario “llamar a las cosas por su nombre” y rechazando lo que denominó “eufemismos de la cultura woke”.
Sin embargo, tras la creciente presión social y mediática, el Gobierno decidió rectificar y modificar la resolución para eliminar los términos ofensivos.
La ANDIS reafirmó su compromiso con un sistema de evaluación “justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica”, asegurando que las pensiones no contributivas por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan. Se espera que la nueva versión de la resolución sea publicada en los próximos días, reflejando un enfoque respetuoso e inclusivo hacia las personas con discapacidad.
