La medida ha generado críticas por violar acuerdos internacionales contra la discriminación
El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha reinstaurado términos despectivos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar a personas con discapacidad intelectual.
Esta decisión, oficializada en el Boletín Oficial el 14 de enero de 2025, ha suscitado un amplio rechazo por parte de especialistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes señalan que la medida contraviene acuerdos internacionales contra la discriminación.
Una clasificación arcaica y estigmatizante
Según la nueva normativa, la clasificación se establece de la siguiente manera:
- “Idiota”: Personas con un coeficiente intelectual entre 0 y 30. Se describe a individuos que “no han atravesado la etapa glósica, no leen ni escriben, no reconocen el dinero, no controlan esfínteres, no atienden sus necesidades básicas y no pueden subsistir por sí mismos”.
- “Imbécil”: Coeficiente intelectual entre 30 y 50. Se refiere a quienes “no leen ni escriben, atienden sus necesidades elementales y pueden realizar tareas rudimentarias”.
- “Débil mental profundo”: Coeficiente intelectual entre 50 y 60. Incluye a aquellos que “solo firman, tienen un vocabulario simple y pueden realizar tareas básicas”.
La norma también contempla otras categorías, como “débil mental moderado” (60-70 años) y “débil mental leve” (70-90 años).
Un decreto idéntico al de Menem
El nuevo baremo psiquiátrico es una copia literal del decreto 478/98, firmado en 1998 por el expresidente Carlos Menem, al que Milei reconoce como una de sus principales influencias políticas.
Bajo el título “Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores”, aquel texto desarrollaba en 48 páginas “una metodología de evaluación del deterioro psico-físico, con criterio uniforme, que permita determinar el grado de incapacidad” de aquellas personas que solicitan una pensión por invalidez.
Sin embargo, aquella normativa fue modificada años después para adaptarla a los lineamientos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Organismos internacionales y ONGs han alertado que el uso de términos despectivos representa un retroceso en materia de derechos humanos y pidieron la derogación del decreto.
Fuerte rechazo
La medida ha sido criticada por entidades como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que, junto a otras seis ONGs, presentó un reclamo formal el pasado 3 de febrero exigiendo su eliminación.
Argumentan que revivir una terminología discriminatoria fomenta la estigmatización de las personas con discapacidad y contradice los principios de inclusión promovidos en los últimos años.
El presidente Javier Milei defendió la norma al afirmar que busca “llamar a las cosas por su nombre” y no caer en lo que denomina “eufemismos de la cultura woke”, a la que considera un “cáncer” para la sociedad.
Un retroceso en materia de derechos
Mientras el Gobierno insiste en que la normativa es parte de una “actualización técnica”, organismos de derechos humanos advierten que el lenguaje utilizado vulnera los derechos de miles de personas y supone un grave retroceso en términos de inclusión y accesibilidad.
Cambios en el Certificado Único de Discapacidad (CUD)
En paralelo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció modificaciones en los requisitos para la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Según la Resolución 2520/2024, los certificados con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 recibirán una prórroga automática hasta la misma fecha de 2026.
No obstante, los CUD vencidos en 2022, 2023 o 2024 deberán renovarse en 2025, ya que no están contemplados dentro de la prórroga.
