Álvarez acusa al fiscal de falsear pruebas en el caso Franco Casco
El comisario retirado Diego José Álvarez, absuelto tras permanecer casi seis años detenido por la muerte de Franco Casco en Rosario, presentó una denuncia formal ante la Procuración General de la Nación contra el fiscal federal Fernando Oscar Arrigo. Lo acusa de haber mentido ante la Justicia y de tergiversar testimonios y pruebas para intentar revertir la absolución dictada en su favor y en la de otros ex policías.
Álvarez, quien se desempeñaba como jefe de una comisaría rosarina en 2014, relató que el joven bonaerense Franco Casco fue detenido y posteriormente liberado la misma noche, firmando el acta de excarcelación. Sin embargo, días después el muchacho desapareció y a fines de octubre de ese año su cuerpo fue hallado en el río Paraná. Aunque las autopsias hablaron de causa de muerte indeterminada con diagnóstico orientativo de asfixia por sumersión y sin lesiones traumáticas, la hipótesis de responsabilidad policial se mantuvo abierta.
Dos años y medio más tarde, esa línea de investigación derivó en la detención de Álvarez y de casi toda la guardia de la seccional. En septiembre de 2017 fueron apresadas alrededor de 30 personas; 19 llegaron a juicio y, tras un proceso oral que se extendió durante un año y medio, todas resultaron absueltas. El propio Álvarez subrayó que el tribunal los liberó “de culpa y cargo”, descartando incluso el beneficio de la duda.
La denuncia contra el fiscal y el rol de Casación
Según el comisario, fue en la instancia de Casación donde el fiscal Arrigo habría avanzado con maniobras irregulares. En su presentación, sostiene que el representante del Ministerio Público elevó un escrito en el que distorsionó testimonios producidos durante el debate oral y reinterpretó hechos ya discutidos, lo que permitió anular la sentencia absolutoria y ordenar el dictado de una nueva resolución.
Álvarez afirma que, en lugar de limitarse a cuestionar la interpretación jurídica del fallo, el fiscal “directamente se presenta y miente, lisa y llanamente”. Para respaldar esa acusación, el ex comisario y su defensa prepararon un video de dos minutos con cinco ejemplos puntuales en los que contrastan lo declarado bajo juramento por testigos con lo que, según ellos, Arrigo sostuvo luego ante Casación.
El testimonio de la alférez López y otros puntos en disputa
Uno de los casos mencionados es el de la alférez Noelia López, quien declaró sobre pericias de sangre en un calabozo. De acuerdo con el relato de Álvarez, la testigo explicó que, aun limpiando con lavandina, los reactivos seguían detectando la presencia de sangre. El comisario asegura que, al acudir a Casación, Arrigo presentó una versión opuesta de ese testimonio, señalando que la limpieza hacía desaparecer los rastros.
Para el ex jefe policial, esa supuesta tergiversación evidencia una pérdida del deber de objetividad que debe regir la actuación de cualquier fiscal. “Toda la prueba demuestra nuestra inocencia”, sostuvo, y cuestionó que nunca se haya explicado cómo, si la policía hubiera sido responsable, se registró a Casco en cámaras de seguridad caminando por la vía pública luego de dejar la seccional.
Seis años preso, la vida familiar y la expectativa en la Corte
Álvarez estuvo detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, a unos 400 kilómetros de su familia, atravesando incluso el período más duro de la pandemia. Es padre de tres hijos y remarcó el impacto humano de la causa: ausencias en cumpleaños, etapas escolares y momentos clave de la adolescencia de sus chicos que, asegura, no podrán recuperarse.
Con ese trasfondo, la defensa del ex comisario impulsó la denuncia contra Arrigo por conductas que, según entienden, podrían constituir delitos como instigación al prevaricato y deslealtad procesal. Ahora será la Procuración General la que determine si corresponde avanzar en el plano administrativo o si existe materia penal para investigar.
Dos vías judiciales y un debate institucional abierto
En paralelo, Álvarez y los demás absueltos esperan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el recurso presentado contra la decisión de Casación y ratifique en forma definitiva la absolución obtenida en 2023. El ex comisario puntualiza que se trata de dos caminos independientes: por un lado, la confirmación de su inocencia; por otro, la eventual responsabilidad del fiscal por su actuación en la causa.
Más allá del desenlace judicial, el caso vuelve a colocar bajo la lupa el funcionamiento del sistema penal, el alcance de las facultades de los fiscales y los controles sobre su desempeño. “En este caso me pasó a mí, mañana le puede pasar a cualquiera”, advirtió Álvarez, al insistir en que los funcionarios del Ministerio Público son empleados públicos que deben rendir cuentas por sus actos y por la forma en que llevan adelante las investigaciones.
