Este lunes, desde las 14 hs, se realizará una protesta en Ceibas, Entre Ríos. La mesa de enlace y productores autoconvocados impulsan acciones para rechazar el último incremento de derechos de exportación sobre los derivados de la soja, entre otras medidas que afectan al sector.
Tras el último incremento de retenciones a la harina y el aceite de soja, del 31% al 33%, los ruralistas avanzan con diferentes acciones para oponerse a la resolución oficial que busca recaudar unos US$ 420 millones para solventar un “Fondo Estabilizador Temporal del Trigo Argentino”. De hecho, este lunes desde las 14 hs., se realizará una movilización del campo de protesta, a través de un “tractorazo” que comenzará en la rotonda de Ceibas, localidad entrerriana ubicada a unos 60 kilómetros de Gualeguaychú.
En tanto, las 4 entidades de la mesa de enlace (CRA, SRA, Federación Agraria y Coninagro) se reunirán con diferentes bloques políticos en el Congreso durante esta semana. Mientras que los dirigentes de base y productores autoconvocados avanzan con asambleas en distintos puntos del país para discutir medidas de fuerza.
Fuentes de la mesa de enlace señalaron que las reuniones podrían comenzar desde este próximo miércoles y dejaron en claro que invitarán a todos los bloques partidarios de diputados y senadores, incluido el oficialismo, con la intención de que se legisle en esa materia. Consideran que las actuales retenciones son inconstitucionales al haberse vencido, el 31 de diciembre, el plazo que la Ley de Solidaridad le daba al Ejecutivo para fijarlas.
De hecho, el viernes, apenas emitido el discurso del presidente Alberto Fernández, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, adelantó que empezarán una ronda de audiencias con los referentes de las diversas fuerzas políticas, porque pretenden “que el Congreso sea quien fije los impuestos”.
“Sabemos que, sin facultades delegadas, el Gobierno no puede tocar ninguna alícuota sin ir en contra de nuestra Constitución Nacional. Todo impuesto tiene que tener un sustento legal para poder cobrarse, necesitamos un orden institucional”, resaltó.