“Crisis del empleo, pobreza de ingreso y privaciones sociales estructurales 2010-2021”, se denominó el informe de la Universidad Católica Argentina. La indigencia, la pobreza y el desempleo superan valores prepandemia.
El informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) dado a conocer este martes, y denominado “Crisis del empleo, pobreza de ingreso y privaciones sociales estructurales 2010-2021”, arrojó cifras alarmantes de pobreza, desempleo e indigencia en el país.
Según el relevamiento de la UCA, el 43.8 % de la población en la Argentina es pobre, es decir, más de 18 millones de personas. Ese número surge de la suma de 35% de pobreza y el 8,8% de indigencia.
Además, destacan que se advierte un deterioro en el nivel de la clase media, como consecuencia de la crisis económica, y que, aunque el nivel general de hoy muestra un descenso en las carencias de la población, las cifras aún se encuentran lejos de lo que ocurría en 2019.
Respecto a la pobreza, en 2020 la cifra fue de 44,7% y ahora se ubica en un 43,8%, apenas un 0,9 por debajo. Mientras tanto, se observó una leve caída de la indigencia, del 9,8% al 8,8.
Por otra parte, el informe de la UCA concluyó que hubo una caída de la clase media hacia la pobreza.
“Los programas sociales y las asistencias alimentarias no fueron suficientes para compensar el deterioro del bienestar durante el escenario COVID19. La reactivación económica ha producido un aumento en la demanda de empleo, pero se ha registrado una caída del ingreso real”, destaca el estudio.
Asimismo, señala que “el aumento en la inversión pública y la mayor demanda de trabajo en los sectores informales han logrado estabilizar los niveles de pobreza y reducir la indigencia. A pesar de las mejoras en materia de infraestructura social, las desigualdades estructurales evidenciadas en el aumento de las carencias no monetarias han ido en aumento. No es la falta de políticas públicas lo que explica este empobrecimiento, sino la débil economía de los más pobres que anula su propia inversión”.
Además, el informe resalta que “los avances segmentados en materia de infraestructura social dan cuenta de problemas socio-económicos acumulativos que requieren de cambios estructurales. Este proceso de segmentación afecta principalmente al sector informal, a los trabajadores de PyMes y a los trabajadores independientes”.
“Las oportunidades de movilidad social parecen agravarse: convivimos en una sociedad de ganadores y perdedores sin reglas claras de juego. Una profunda reforma institucional del Estado es condición necesaria para salir de la crisis, acompañada de una voluntad política de diálogo que dé inicio a una gran transformación”, es otra de las conclusiones del informe.
“El país enfrenta desde hace tiempo un problema económico estructural, de ecuación económica, que no es irresoluble, ni teórica, ni técnicamente hablando, pero la solución es de carácter político-institucional. Esto implica más y mejor ejercicio de la democracia económica, social y política, y construcción de coaliciones y liderazgos políticos a la altura de estas circunstancias” concluyen.