Estados Unidos pospone el envío de Maduro a la Argentina
NewsITe
El Gobierno de Estados Unidos decidió postergar el tratamiento del pedido de extradición del exmandatario venezolano Nicolás Maduro a la Argentina, solicitado en el marco de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. La decisión fue comunicada a través de una nota del Departamento de Estado remitida a la Embajada argentina en Washington.
La solicitud había sido impulsada por el juez federal Sebastián Ramos en febrero de este año, con el objetivo de que Maduro declare como imputado en una causa abierta en 2023 a partir de una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). El expediente se basa en el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales nacionales a investigar delitos especialmente graves, aun cuando hayan ocurrido fuera del territorio argentino.
En la comunicación oficial, las autoridades estadounidenses indicaron que “los Estados Unidos han decidido posponer el examen de dicha solicitud, dado que Maduro Moros se encuentra actualmente sometido a un proceso judicial en los Estados Unidos”. De esta manera, el trámite de extradición quedará en suspenso hasta que avance la causa que lo tiene detenido en ese país.
Maduro permanece alojado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, tras haber sido capturado en enero. En territorio estadounidense enfrenta cargos vinculados al narcotráfico, tráfico de armas y violaciones a los derechos humanos, entre ellos torturas contra opositores al régimen que encabezó en Venezuela. De acuerdo con la información del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juicio está programado para comenzar el 14 de junio de 2027.
Un caso atravesado por la jurisdicción universal
En la investigación que avanza en la Argentina no sólo está imputado Maduro. También se analizan responsabilidades de otros altos funcionarios del régimen venezolano, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello; el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Justo Noguera Pietri; y al menos otros trece integrantes de la estructura de poder chavista. A todos se los vincula con un patrón de persecución política, detenciones arbitrarias y torturas.
El expediente local ganó relevancia el 7 de octubre pasado, cuando la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal celebró una audiencia clave. En esa instancia se trató un recurso presentado por la defensa de Noguera Pietri, que procura dejar sin efecto la aplicación del principio de jurisdicción universal en este caso. La resolución de Casación será determinante para definir el futuro de la causa y el alcance que puedan tener los eventuales pedidos de cooperación internacional, como el de extradición de Maduro.
Implicancias diplomáticas y judiciales
- La nota del Departamento de Estado reconoce “la importancia que el Gobierno de Argentina otorga a este caso”, pero subraya que el proceso en Estados Unidos tiene prioridad hasta su conclusión.
- Una vez que finalice el juicio en Nueva York, Washington se comprometió a brindar “una respuesta adicional” sobre el pedido de extradición formulado por la justicia argentina.
- La decisión se apoya en el artículo 13, párrafo 2, del Tratado de Extradición vigente entre ambos países, que permite demorar una entrega cuando la persona requerida enfrenta causas judiciales en el Estado requerido.
“Los Estados Unidos han decidido posponer el examen de dicha solicitud, dado que Maduro Moros se encuentra actualmente sometido a un proceso judicial en los Estados Unidos”, indica la nota oficial enviada a la Argentina.
Por el momento, la decisión norteamericana implica que la indagatoria de Maduro ante la justicia federal argentina no tiene fecha cierta y queda condicionada a la suerte del extenso proceso judicial que enfrenta en Nueva York. Mientras tanto, el expediente por delitos de lesa humanidad en Comodoro Py continuará centrado en la recolección de pruebas, testimonios de víctimas y el análisis de la cadena de responsabilidades dentro de la cúpula del régimen venezolano.
La causa se inscribe en una tendencia creciente de los tribunales nacionales de diversos países a utilizar la jurisdicción universal para investigar violaciones graves a los derechos humanos, especialmente cuando las víctimas alegan falta de respuesta efectiva en sus propios sistemas judiciales. El desarrollo de este caso será seguido de cerca tanto en el plano diplomático como en el ámbito de la justicia internacional.
