Washington apunta a la cúpula militar cubana con nuevas sanciones

NewsITe
Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra la cúpula militar cubana y un grupo de empresas estatales vinculadas al aparato de defensa de la isla. Las medidas alcanzan a ocho altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a cinco entidades estatales, a las que Washington acusa de facilitar la cooperación militar con gobiernos considerados adversarios y de intervenir en la adquisición de armamento para el Ejército cubano.
Entre los funcionarios señalados figura el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, uno de los hombres fuertes del régimen. También fueron incluidos el jefe del Estado Mayor, Roberto Legrá Sotolongo, el responsable de Relaciones Exteriores del ministerio, José Antonio Remón Rodríguez, y el director económico de la cartera, Oscar Enrique Biosca Gallego, todos identificados por Estados Unidos como engranajes clave en la estructura militar del país caribeño.
En el plano empresarial, las sanciones alcanzan a Tecnoimport, Duna S.A., la Unión de Industria Militar (UIM) y la empresa militar industrial Yuri Gagarin, consideradas por Washington como piezas centrales en la provisión de material y tecnología para las fuerzas armadas cubanas. También se suma Tecnotex, la Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados, subsidiaria del conglomerado militar Gaesa, ya sancionado en ocasiones anteriores por Estados Unidos.
Funcionarios en el exterior y presión sostenida sobre La Habana
La nueva medida también apunta a los agregados militares cubanos en el exterior, en particular a Mónica Milián Gómez, destinada en Rusia, y a Waldo Pérez Cortés, representante en China. Para Washington, estas designaciones forman parte de una red de vínculos internacionales destinada a reforzar la capacidad militar de La Habana y a estrechar lazos con potencias que desafían la política exterior estadounidense.
Las sanciones implican la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de realizar transacciones con personas y empresas de ese país y el cierre de acceso al sistema financiero norteamericano. El objetivo declarado es restringir la capacidad del gobierno cubano para financiar su estructura militar y presionarlo para que adopte cambios económicos y políticos internos.
- Ocho altos mandos militares cubanos fueron incorporados a la lista de sancionados.
- Cinco empresas estatales vinculadas al sector militar quedaron bajo penalidades financieras.
- Estados Unidos busca limitar el acceso de Cuba a armamento y tecnología sensibles.
“La Administración adopta nuevas medidas para proteger nuestra seguridad nacional mediante la imposición de sanciones a entidades e individuos que facilitan las relaciones militares de La Habana y los envíos de armas al régimen cubano”, señaló el secretario de Estado en el comunicado oficial.
Estas disposiciones se enmarcan en una política de presión sostenida de Washington hacia la isla, que alterna etapas de mayor dureza con intentos de distensión según el signo político de cada administración. Para Cuba, en tanto, las sanciones vuelven a impactar sobre un entramado económico ya golpeado por el embargo vigente desde hace más de seis décadas, con posibles consecuencias sobre la inversión extranjera y el comercio internacional del país.

