Ecuador autoriza presencia militar extranjera en su territorio
NewsITe
El gobierno de Ecuador dio un paso decisivo en su estrategia de seguridad interna al habilitar, mediante decreto presidencial, el despliegue de militares extranjeros para apoyar las operaciones contra bandas criminales. La medida, firmada por el presidente Daniel Noboa, se enmarca en el “conflicto armado interno” que el propio mandatario declaró contra el crimen organizado, un concepto que ha redefinido la lucha contra la violencia en el país andino.
Noboa anunció la decisión a través de un mensaje difundido en redes sociales por la Presidencia, donde explicó que militares de “países aliados” podrán operar en las provincias más afectadas por la inseguridad. El jefe de Estado sostuvo que se trata del resultado de varios meses de negociación, con especial énfasis en las conversaciones mantenidas recientemente en el Pentágono, en Estados Unidos.
Hasta ahora, Ecuador recibía cooperación técnica y de inteligencia de socios como Estados Unidos y la Unión Europea, pero sin presencia de tropas foráneas sobre el terreno. Con el nuevo decreto, se abre la puerta a contingentes militares extranjeros que, según el texto oficial, gozarán de inmunidad en el marco de las acciones vinculadas al conflicto armado interno, de acuerdo con los tratados y acuerdos internacionales suscritos por el país.
Impunidad, indultos y cuestionamientos de derechos humanos
El decreto también establece que el presidente podrá conceder indultos, reducir o conmutar penas a militares, policías y civiles que participen en operaciones vinculadas a la defensa del Estado frente a grupos criminales. Asimismo, insta a la Asamblea Nacional a otorgar amnistías a quienes hayan actuado en ese contexto, lo que genera inquietud entre organizaciones de derechos humanos por el posible margen de impunidad ante abusos.
Desde que Noboa declaró el “conflicto armado interno”, su gobierno ha recurrido reiteradamente al estado de excepción como herramienta central de su política de seguridad. El más reciente rige por 60 días en diez provincias y tres municipios, donde se reforzó la presencia de fuerzas armadas y policiales, se habilitaron controles más estrictos y se ampliaron facultades para las operaciones contra bandas consideradas “narcoterroristas”.
Organizaciones locales e internacionales han alertado sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos durante estos operativos. Amnistía Internacional, por ejemplo, informó que la Fiscalía de Ecuador registra al menos 43 casos de presuntas desapariciones forzadas desde 2023, año en que asumió Noboa. Los críticos advierten que la combinación de presencia militar extranjera, inmunidad y posibles indultos podría agravar los riesgos para la población civil si no se garantizan mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.
- El decreto otorga inmunidad a personal extranjero que participe en acciones contra el crimen organizado.
- El Ejecutivo podrá indultar o conmutar penas a agentes y civiles que actúen en defensa del Estado.
- Organismos de derechos humanos cuestionan el impacto de estas medidas en las garantías civiles.
“Desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo”, afirmó Daniel Noboa al anunciar el despliegue de tropas aliadas.
Mientras el gobierno insiste en que la cooperación militar internacional es indispensable para recuperar el control frente al avance del crimen organizado, el debate se concentra ahora en los límites legales y en la protección de los derechos fundamentales. En ese escenario, el papel del Parlamento, del sistema judicial y de los organismos de control será clave para equilibrar la urgencia de la seguridad con el respeto al Estado de derecho.
