El Fondo Monetario cuestionó la falta de transparencia del Gobierno
El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una inusual y severa advertencia al Gobierno argentino por las debilidades en sus políticas anticorrupción y la falta de transparencia en el control de las declaraciones juradas de los funcionarios. El pronunciamiento se conoció en el marco de la segunda revisión del Artículo IV, el mismo informe técnico que habilitó un desembolso de US$ 1.050 millones para el país pese al nuevo incumplimiento de la meta de acumulación de reservas del Banco Central.
En el documento, la entidad que conduce Kristalina Georgieva incluyó a la lucha contra la corrupción entre los “desafíos pendientes” de la Argentina. El FMI destacó que el país obtuvo una calificación de apenas 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional para 2025, y recordó que tanto la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos como otros indicadores señalan la persistencia de serios problemas en materia de integridad pública.
Críticas al sistema de declaraciones juradas y a la Justicia
Las observaciones más duras aparecen en el denominado Box 9 del informe, donde el organismo evalúa los “recientes progresos” contra la corrupción. Allí afirma que es necesario reforzar los marcos de prevención, al señalar que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por verificaciones limitadas, escasa transparencia, publicación tardía y una aplicación desigual de las normas.
El reporte también pone el foco en los conflictos de intereses y en el funcionamiento del Poder Judicial. De acuerdo con el FMI, las normas que regulan los conflictos siguen siendo porosas y cuentan con una débil capacidad de control. Además, subraya que la percepción de una independencia judicial acotada y la politización de los tribunales continúan generando preocupación, en un contexto en el que se registran demoras en causas de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios.
En ese sentido, el organismo remarca la necesidad de reforzar la independencia de la fiscalía y de avanzar hacia una mayor transparencia en el sistema judicial, componentes que considera clave para mejorar el clima de inversión y la confianza de los mercados en la economía argentina.
Un tono más severo que en revisiones anteriores
El lenguaje utilizado por el Fondo marca un contraste con evaluaciones previas. Durante los primeros años del acuerdo firmado en 2018, cuando el Poder Ejecutivo estaba encabezado por Mauricio Macri, los informes destacaban los “fuertes esfuerzos” para mejorar la gobernanza, la integridad financiera y los marcos de transparencia, en línea con los estándares internacionales.
El giro se explica, en parte, por la decisión del FMI de adoptar en 2018 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción, que le permite analizar cómo las debilidades institucionales impactan en la estabilidad macroeconómica. Esa mirada incluye, entre otros aspectos, el seguimiento de las declaraciones juradas patrimoniales, el grado de independencia judicial y los indicadores globales de corrupción.
En el plano político interno, el informe aparece en momentos en que el Gobierno de Javier Milei prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, originalmente previsto para el 30 de mayo. La medida alcanza, entre otros, al jefe de Gabinete Manuel Adorni, que aún no presentó su balance patrimonial en medio de cuestionamientos por inmuebles que no figurarían en sus documentos anteriores.
Advertencias sobre el sistema financiero y el crecimiento del fintech
Además del capítulo anticorrupción, el FMI dedicó un apartado a los riesgos que enfrenta el sistema financiero argentino. El organismo señaló que continúan los esfuerzos oficiales para monitorear el deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, y alertó sobre la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión.
Según el análisis, esta estructura de fondeo puede incrementar la volatilidad y dificultar la expansión del crédito de largo plazo, crucial para sostener la inversión y el crecimiento. En paralelo, el Fondo valoró que se esté reforzando la supervisión de las instituciones financieras no bancarias, con el objetivo de establecer condiciones regulatorias más equitativas y acompañar el vertiginoso crecimiento de la actividad fintech.
En este último segmento, el organismo coincidió con datos recientes del Banco Central que muestran una morosidad particularmente elevada en los créditos a hogares: la tasa llegó al 11,5% en marzo, más de ocho puntos por encima del nivel registrado en el mismo mes de 2025. Para el FMI, estos indicadores, sumados a las debilidades de gobernanza, exigen una respuesta coordinada de política económica si la Argentina busca consolidar la estabilización y recuperar la confianza de inversores y ciudadanos.
“Las debilidades en los marcos anticorrupción y en la independencia judicial siguen siendo motivo de preocupación y pueden afectar la estabilidad económica y la inversión”, advirtió el FMI en su último informe sobre la Argentina.
