El dirigente falleció en El Helicoide, tras más de un año de detención; Estados Unidos y la oposición venezolana acusaron al régimen y pidieron una investigación internacional.
Estados Unidos arremetió este domingo contra el gobierno de Nicolás Maduro luego de confirmarse la muerte en prisión del exgobernador opositor Alfredo Díaz, quien estaba procesado por cargos de “terrorismo” e “instigación al odio”. La reacción llegó a través del Departamento de Estado, que difundió un comunicado en la cuenta oficial de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en X.
La reacción de Estados Unidos y el señalamiento al régimen venezolano
En el mensaje oficial, el Departamento de Estado calificó el fallecimiento como un reflejo del funcionamiento del aparato represivo venezolano. La entidad sostuvo que “la muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro”. La declaración se sumó a una larga serie de cuestionamientos de Washington a las condiciones de detención de opositores en Venezuela.
La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro. https://t.co/Tx7asQO99y
— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) December 7, 2025
El fallecimiento de Díaz ocurrió en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde llevaba más de un año bajo régimen de aislamiento. El partido opositor Voluntad Popular aseguró que la causa fue un “infarto fulminante” y lo enmarcó como parte de “un sistema que persigue, encarcela y destruye vidas para sostenerse en el poder”.
Denuncias de la oposición y reclamo de investigación internacional
Referentes opositores responsabilizaron directamente al gobierno venezolano. Leopoldo López afirmó que el exgobernador “murió en el centro de tortura El Helicoide” y que “llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron”. La esposa de Díaz, Leynys Malavé, cuestionó en redes sociales la falta de información y advirtió: “El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia. ¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?”.
El fallecimiento generó un nuevo pedido opositor para que se realice una investigación internacional que determine las condiciones en las que se produjo la muerte y el cumplimiento de obligaciones estatales sobre la custodia de detenidos.
Antecedentes y advertencias de organismos de derechos humanos
Amnistía Internacional Américas había calificado previamente la detención de Díaz como arbitraria y vinculada a su perfil político. La organización también sostuvo que el dirigente fue sometido a desaparición forzada durante los primeros cuatro días posteriores a su arresto, situación que ya había generado reclamos por violaciones a estándares internacionales de derechos humanos.
El caso sumó un nuevo punto de fricción entre el gobierno venezolano, los sectores opositores y la comunidad internacional, en un contexto de persistentes denuncias sobre el trato a detenidos políticos y las condiciones de detención en los centros del Sebin.
