Recorrida por la fábrica Fontenla y agenda económica liberal
NewsITe
La secretaria General de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, visitó la histórica fábrica de muebles Fontenla, en el barrio porteño de Villa Lugano, acompañada por la titular del partido en la Ciudad, Pilar Ramírez. El recorrido se enmarcó en la estrategia oficialista de posicionar la denominada Ley de Libertad Comercial como herramienta para dinamizar la actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la recorrida, las dirigentes dialogaron con Roberto, Federico y Fernando Fontenla, integrantes de la segunda y tercera generación de la familia fundadora de la empresa. La firma nació en 1948 como un pequeño comercio y hoy integra todo el proceso productivo, con cerca de 300 puestos de trabajo directos ligados a la carpintería, la ebanistería, la tapicería, el diseño y la arquitectura, lo que la convierte en un caso testigo de la industria mueblera local.
Según señalaron fuentes allegadas al encuentro, la conversación giró en torno a la producción, la generación de empleo y las trabas que todavía enfrentan las empresas a la hora de invertir, ampliarse o abrir nuevos locales en la Ciudad. En ese contexto, Ramírez aprovechó para presentar los ejes centrales del proyecto de Ley de Libertad Comercial, iniciativa que el oficialismo porteño busca instalar como un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y quienes emprenden.
Los puntos clave de la Ley de Libertad Comercial
La propuesta plantea un esquema de habilitaciones automáticas para actividades consideradas de bajo riesgo, con el objetivo de reducir plazos, simplificar trámites y dar previsibilidad a quienes deciden iniciar o expandir un negocio. Entre las herramientas previstas se destacan el silencio administrativo positivo, una ventanilla única digital y el derecho a subsanar faltas menores antes de una clausura.
- Plazos acotados: el Gobierno porteño tendría 30 días hábiles para resolver cada trámite y cinco días adicionales luego de una alerta. Si no hay respuesta en ese lapso, la solicitud quedaría aprobada de forma automática.
- Declaración jurada digital: las actividades de bajo riesgo podrían comenzar a funcionar desde el inicio con una declaración jurada y la documentación respaldatoria, sin necesidad de una inspección previa.
- Primera inspección: el Estado contaría con hasta 180 días para efectuar la primera verificación. Si no se realiza por motivos ajenos al comerciante, la habilitación pasaría a ser definitiva.
- Ventanilla única: todos los trámites vinculados con una misma actividad económica se canalizarían a través de una plataforma digital unificada, incorporando además el principio de “una sola vez”, que impide volver a requerir información ya presentada.
- Reconocimiento entre jurisdicciones: se prevé aceptar permisos, registros y certificaciones obtenidos en otras jurisdicciones, evitando controles duplicados cuando ya existan estándares equivalentes.
- Corrección de faltas menores: ante incumplimientos que no impliquen riesgo grave, los comercios tendrían 30 días para corregirlos antes de una eventual suspensión o clausura.
La iniciativa incluye también la creación de un catálogo digital de trámites, con detalle de requisitos, plazos, tasas e inspecciones para cada actividad. El objetivo declarado es brindar previsibilidad y reducir la discrecionalidad administrativa, una de las críticas recurrentes del sector privado a la hora de encarar inversiones.
Exclusiones y alcance del proyecto en la Ciudad
El esquema de habilitación simplificada no alcanzará a todas las actividades por igual. Quedarán excluidas las farmacias, los establecimientos sanitarios, los locales bailables, los espectáculos masivos y aquellas actividades clasificadas como peligrosas, que continuarán sujetas a controles previos más estrictos y a los regímenes de autorización tradicionales.
En paralelo, el proyecto obliga al Estado a realizar todas las observaciones sobre la documentación de forma conjunta, precisa y fundamentada, con el propósito de evitar pedidos fraccionados que dilaten los expedientes. Desde el oficialismo porteño sostienen que este cambio apunta a acotar la burocracia y reducir la discrecionalidad en la fiscalización.
“Nuestra Ley de Libertad Comercial parte de una idea muy simple: confiar en el que trabaja y controlar lo importante. Nación está avanzando con las reformas de fondo y la Ciudad tiene que hacer su parte con menos impuestos, menos burocracia y más libertad para producir”, expresó Ramírez al cerrar la recorrida por Fontenla.
Con esta visita a una fábrica icónica de Villa Lugano y la presentación de los principales lineamientos del proyecto, La Libertad Avanza busca consolidar su impronta liberal en el entramado productivo porteño y mostrarse cercana a las pymes industriales, en un contexto de debate abierto sobre el rol del Estado en la economía.
