Diputados acelera el tratamiento del sistema de protección a la discapacidad
NewsITe
La Cámara de Diputados volverá a poner en el centro de la agenda legislativa la situación del sistema de protección social para personas con discapacidad, en un contexto de fuerte tensión entre el oficialismo y la oposición por la continuidad o no del régimen de emergencia vigente.
El cronograma de trabajo fue aprobado en la última sesión con 249 votos, tras un emplazamiento impulsado por bloques opositores que forzó al oficialismo a acelerar el debate. Está previsto un primer plenario informativo conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda este miércoles a las 12, y una segunda reunión, el miércoles 23 a la misma hora, para intentar emitir dictamen.
Entre las principales preocupaciones que llegarán a la mesa de discusión se destacan la virtual parálisis en el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez laboral —según fuentes legislativas, sólo se habría dado curso a alrededor del 10% de las solicitudes presentadas desde enero de 2024—, los retrasos crónicos en los pagos y el congelamiento de los aranceles a prestadores.
Estas dificultades generaron la baja de miles de profesionales y prestadores, la interrupción de tratamientos, el cierre de centros de día y una pérdida de cobertura efectiva para familias que dependen del sistema para sostener terapias, traslados y dispositivos de apoyo fundamentales.
Oficialismo busca reemplazar la emergencia por una ley “permanente”
En el oficialismo aseguran que trabajan en un proyecto propio para reformular el esquema de protección social vinculado a la discapacidad, con la intención de dejar atrás el concepto de “emergencia” que se viene prorrogando año a año.
Altas fuentes parlamentarias señalaron que la Casa Rosada pretende ofrecer una “solución definitiva” en lugar de acompañar una nueva prórroga, como proponen distintos bloques opositores. “No queremos venir todos los años a votar una emergencia como quiere la oposición para hacer un show político. Queremos una solución permanente y no un parche kirchnerista. Ellos quieren prorrogar la emergencia y nosotros queremos una solución definitiva”, remarcaron ante Noticias Argentinas.
La estrategia del oficialismo pasa por sumar el respaldo de los diputados considerados dialoguistas, que también reciben presiones de la oposición, para asegurarse un dictamen de mayoría que no genere fricciones con el Poder Ejecutivo.
Impacto en transportistas y prestadores del sistema
Uno de los sectores más golpeados por el atraso en los pagos y la falta de actualización del nomenclador de aranceles es el transporte de personas con discapacidad. Representantes del área advierten que, con una tarifa de alrededor de 900 pesos por kilómetro recorrido, la ecuación económica resulta inviable, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios y la asistencia diaria de miles de usuarios.
En paralelo, entidades de prestadores y familias vienen reclamando una actualización urgente de los valores, mayor previsibilidad en la cadena de pagos y reglas claras para evitar la discontinuidad de tratamientos esenciales como terapias de rehabilitación, educación especial y acompañamiento integral.
Informes en comisión y próximos pasos
En la última reunión de la comisión de Discapacidad, presidida por el diputado libertario Gerardo Huesen, expuso el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, invitado por La Libertad Avanza. El funcionario presentó un informe sobre las medidas adoptadas para “normalizar” el organismo desde su intervención, iniciada en agosto de 2025, y defendió los lineamientos de la gestión actual.
Con el cronograma ya definido, el debate que se retoma esta semana será clave para determinar si el Congreso vuelve a extender el marco de emergencia o si prospera la iniciativa oficial de avanzar con una nueva normativa de largo plazo. Sobre la mesa, además de la puja política, está el reclamo de miles de personas con discapacidad y sus familias, que exigen certezas, continuidad en las prestaciones y un sistema que garantice derechos sin depender, año tras año, de la renovación de una emergencia.
El desafío central del Congreso será compatibilizar la necesidad de sustentabilidad fiscal con la obligación de asegurar un sistema de protección integral y efectivo para las personas con discapacidad en todo el país.
