Tensión política en torno al futuro de la distribuidora eléctrica
NewsITe
El gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo, quedó en el centro de nuevas críticas por el proceso de licitación del paquete accionario mayoritario de EDET, la distribuidora de energía eléctrica que opera en la provincia y que actualmente está bajo control del Grupo Neuss. Legisladores opositores denuncian un presunto trato preferencial hacia la compañía y cuestionan la falta de información pública sobre el negocio, mientras el Poder Ejecutivo rechaza de plano la existencia de cualquier acuerdo irregular.
Los señalamientos surgieron a partir de declaraciones del vicepresidente de la Comisión de Energía de la Legislatura, José Seleme, y del legislador Manuel Courel, difundidas por el diario Ámbito. Ambos plantearon dudas sobre las sucesivas prórrogas del proceso y sobre el impacto que las decisiones oficiales tienen en las tarifas que pagan los usuarios tucumanos, en un contexto nacional de fuerte sensibilidad por el costo de los servicios públicos.
El marco normativo del vínculo entre la provincia y la empresa está delineado en la Ley 10.006, promulgada el 5 de octubre. Esa norma aprobó un acta entre Tucumán y EDET que fija el 30 de diciembre de 2026 como fecha límite para convocar a licitación, y el 4 de agosto de 2027 como fin del segundo período de gestión de la concesión. De esta forma, el texto legal despeja versiones sobre plazos anteriores —como los de septiembre y abril— que circularon en el debate público, pero que no modifican lo establecido oficialmente.
Acusaciones políticas y defensa oficial del proceso
Entre las críticas, Seleme puso el foco en la dificultad para conocer con precisión el costo de compra de la energía y en la integración de distintas actividades dentro del mismo grupo empresario, lo que, según su postura, podría perjudicar a los consumidores al limitar la competencia efectiva. Courel, por su parte, apuntó contra las reiteradas postergaciones en el cronograma, a las que asocia con la continuidad del control privado sobre la distribuidora.
Hasta el momento, las objeciones se enmarcan en el plano político: no existe una resolución judicial que haya determinado la existencia de un pacto ilícito entre el Ejecutivo tucumano y la compañía. Pese a ello, el tema alimenta la discusión en la Legislatura y se suma al malestar social por el aumento de las facturas de luz en distintos puntos del país.
En respuesta a las acusaciones, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, negó que exista un acuerdo por fuera de la normativa vigente. Señaló que la prórroga del esquema actual se apoya en la Ley 6.608 y en el propio contrato de concesión firmado con EDET. Además, remarcó que los balances de la distribuidora se presentan de manera regular ante la Dirección de Personas Jurídicas, lo que, según el funcionario, garantiza controles administrativos sobre la actividad de la firma.
Tarifas, control y reclamos de mayor transparencia
El Poder Ejecutivo tucumano también defendió la actuación del Ente Regulador de los Servicios de Energía de Tucumán (ERSEPT), organismo responsable de aprobar los cuadros tarifarios y fiscalizar la prestación del servicio eléctrico. De acuerdo con la postura oficial, las resoluciones del ente cuentan con la correspondiente publicidad y pueden ser consultadas por los interesados.
Respecto de los aumentos en las tarifas, el Gobierno provincial subrayó que los ajustes se realizan en línea con lo dispuesto por las autoridades energéticas nacionales y por los organismos de regulación locales. En ese marco, sostuvo que los últimos incrementos responden a la actualización de costos en la cadena eléctrica y no a un eventual pacto con la empresa concesionaria.
- La Ley 10.006 fija el cronograma para la licitación del paquete mayoritario de EDET.
- Legisladores opositores exigen mayor acceso a la información económica y contractual.
- El Gobierno provincial asegura que todo el proceso se ajusta a la normativa vigente.
“Son acusaciones políticas, no una resolución judicial que acredite un pacto ilícito”, destacan fuentes vinculadas al expediente, en relación con el estado actual de las denuncias contra la administración de Jaldo.
La discusión por el futuro de EDET se inscribe en un escenario de debate más amplio sobre el rol del Estado en la regulación de los servicios públicos y el equilibrio entre la rentabilidad empresaria y la protección de los usuarios. En los próximos meses, el avance de la licitación y la definición del próximo operador de la distribuidora serán claves para medir el alcance de estas tensiones políticas y económicas en Tucumán.
