El oficialismo busca contener el debate por Malvinas y el DNU 70/23
NewsITe
El oficialismo en la Cámara de Diputados acelera negociaciones con bloques aliados para asegurar una sesión el 21 de octubre, en la que pretende tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional vinculado a Malvinas, junto con iniciativas sobre discapacidad y sobreendeudamiento familiar. La jugada forma parte de una estrategia más amplia: desactivar la sesión pedida por la oposición para el 15 de octubre, cuyo objetivo es voltear el DNU 70/23, pieza central del programa económico de La Libertad Avanza.
Según fuentes parlamentarias, el oficialismo evalúa introducir cambios al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional para seducir a los bloques dialoguistas. La mira está puesta en artículos sensibles que, de acuerdo con sectores opositores, concentran demasiado poder en el Poder Ejecutivo y habilitan una interpretación amplia de lo que se considera “amenaza externa” o “actividad terrorista”, con el riesgo de que se utilicen para reprimir la disidencia interna.
En Unión por la Patria insisten en mantener la presión para que se trate el rechazo al DNU 70/23 en el recinto. Señalan que, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, hoy hay mayor claridad sobre la posición de los legisladores del llamado “centro” opositor. “El que se sienta es porque quiere rechazar el 70/23”, sintetizó un diputado peronista en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, aludiendo al denominado “principio de revelación” que el presidente Javier Milei instaló en la discusión política.
La demora en avanzar contra el DNU, pese a que el Senado lo rechazó en marzo de 2024, se explica –según esa bancada– por la falta de garantías entre sus propios eventuales aliados parlamentarios. Desde otros espacios opositores, como la Coalición Cívica, admiten que también hubo dudas dentro de Unión por la Patria a la hora de sostener una postura unificada frente al mega decreto desregulatorio.
La Ley de Tierras, la Corte y la estrategia oficial
En el Gobierno reconocen que el fallo de la Corte Suprema que puso bajo la lupa la Ley de Tierras generó, en un primer momento, preocupación por un posible clima adverso que fortaleciera a la oposición en Diputados. Sin embargo, con el correr de las semanas prevaleció la lectura de que los números para abrir la sesión aún no están, lo que llevó alivio a la Casa Rosada.
Pese a ese escenario, el oficialismo sigue de cerca el tablero judicial y parlamentario. Un eventual pronunciamiento de la Corte para designar conjueces que revisen la situación de la Ley de Tierras, a partir de un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, podría reconfigurar las posiciones. En ese contexto, en despachos oficiales se baraja una salida: reintroducir restricciones a la compraventa de tierras rurales dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado.
La idea sería “rescatar” parte del espíritu de la Ley de Tierras por otra vía legislativa, a fin de preservar el resto del DNU 70/23, que afecta a múltiples sectores económicos. En Balcarce 50 advierten que una eventual derogación integral del decreto por parte del Congreso sería un golpe severo para el programa de reformas en marcha.
Artículos polémicos y acusaciones de avance sobre la prensa
Uno de los puntos que más tensiones genera en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional es el artículo 111, que fija penas de prisión para quienes, actuando por cuenta o financiamiento de entidades u organismos extranjeros, realicen acciones destinadas a alterar procesos electorales, manipular la opinión pública mediante desinformación masiva, o promover actos de violencia y sabotaje contra las instituciones.
Desde la oposición advierten que la redacción es demasiado amplia y que, en el clima político actual, podría usarse como herramienta para perseguir voces críticas, en particular del periodismo y organizaciones sociales. Vinculan esa preocupación con la retórica confrontativa de Milei hacia los medios de comunicación y alertan sobre el riesgo de fomentar la autocensura.
- Cuestionamientos a la concentración de poder en el Consejo de Seguridad Nacional.
- Inquietudes por los protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de buques.
- Falta de definiciones precisas sobre “amenaza externa” y “actividad terrorista”.
- Reclamos de mayor debate técnico y controles parlamentarios efectivos.
Aliados dialoguistas exigen suprimir el artículo 111 y acotar las facultades del Ejecutivo para evitar que la norma pueda aplicarse contra la disidencia y el trabajo periodístico.
En paralelo, se negocian compromisos concretos en materia presupuestaria para el área de Discapacidad y para las universidades nacionales, con el fin de asegurar apoyos clave. Mientras tanto, la oposición insiste con la sesión del 15 de octubre, aunque admite que las chances de reunir quórum disminuyen con el correr de los días. El 21 de octubre, si el oficialismo consolida acuerdos, podría transformarse en el nuevo punto de inflexión de la disputa política en Diputados en torno a Malvinas, la defensa de la soberanía y el futuro del DNU 70/23.
