El Gobierno defendió en Diputados su proyecto de ley contra las barras
NewsITe
En plena efervescencia mundialista, la Cámara de Diputados retomó el debate del proyecto de ley conocido como “antibarras”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La iniciativa, presentada formalmente en marzo, busca crear un “Régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos” y endurecer las sanciones contra las organizaciones vinculadas a hechos de violencia en el fútbol.
Durante una reunión informativa de la comisión de Legislación Penal, que preside la oficialista Laura Rodríguez Machado, funcionarios de Seguridad defendieron el texto oficial, mientras que representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresaron su apoyo general, aunque plantearon reparos puntuales, sobre todo en lo relativo al eventual avance de las sociedades anónimas deportivas.
El director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad, Martín Ferlauto, definió el proyecto como “novedoso a nivel de derecho comparado” por su enfoque integral. Explicó que, desde el primer artículo, se amplía el alcance de la actual legislación para abarcar hechos de violencia que se produzcan como consecuencia de la pertenencia de los agresores a una parcialidad futbolística o deportiva determinada, incluso fuera del estadio y del horario del partido.
Ferlauto subrayó que el artículo 13 de la iniciativa considera a los barrabravas bajo la figura de “asociación ilícita”, lo que permite agravar las penas a quienes integran estas estructuras. “Los barrabravas son lo opuesto al hincha: donde el hincha ve pasión, ellos ven un negocio ilícito que se impone mediante violencia o intimidación”, sostuvo, al tiempo que comparó la propuesta con las herramientas legales que el Reino Unido utilizó para enfrentar a los hooligans.
Apoyo de la AFA y cuestionamientos por las sociedades anónimas
El director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Fernando Soto, advirtió que el fútbol “tiene un poder que va más allá del espectáculo deportivo”, con delitos que incluyen reventa e impresión de entradas falsas, extorsiones, ingreso de armas y otras prácticas propias del crimen organizado. “Las barras son verdaderamente organizaciones criminales y tienen que tener un tratamiento especial”, señaló, al justificar la necesidad de un régimen específico.
En representación de la AFA, el asesor legal Andrés Paton Urich, miembro además del comité de apelaciones de la FIFA, respaldó la idea de reforzar las herramientas estatales para garantizar la seguridad en los estadios. “Todo lo que parta del Estado y permita que los espectáculos deportivos sean un éxito será bienvenido. Un fútbol lleno de hinchas y sin barras también es lo que queremos desde la AFA”, afirmó.
No obstante, Paton Urich marcó diferencias frente a eventuales interpretaciones del proyecto que habiliten la conversión de los clubes en sociedades anónimas. Recordó que tanto la AFA como la mayoría de las instituciones del fútbol argentino son asociaciones civiles sin fines de lucro y que existe jurisprudencia que respalda ese modelo. “Seguiremos defendiendo la asociación civil porque entendemos que es lo justo y necesario para nuestros clubes”, remarcó.
Claves del proyecto antibarras: penas más duras y alcance ampliado
- Se crea un tipo especial de asociación ilícita aplicable a organizaciones barrabravas, con penas agravadas.
- Dirigentes que colaboren o mantengan connivencia con barras —por ejemplo, mediante entrega de entradas o vínculos económicos irregulares— podrán recibir hasta seis años de prisión.
- Se fijan penas de 1 a 4 años de prisión para quienes dañen bienes muebles o inmuebles en el marco de un espectáculo deportivo.
- El porte de armas blancas, piedras, botellas u otros elementos contundentes en espectáculos deportivos será castigado con penas de entre 3 años y 6 meses y 6 años.
- Se prevén entre 4 y 8 años de prisión para quienes introduzcan, guarden o porten elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos, y entre 4 y 10 años si se trata de armas de fuego o artefactos explosivos.
- Habrá sanciones para quienes provoquen la suspensión de un partido mediante hechos de violencia, así como para la distribución ilegal y la reventa irregular de entradas, con penas que van de 2 a 6 años.
“El objeto central del proyecto consiste en erradicar la violencia ligada al deporte en sus diversas facetas, incluyendo delitos de odio, crimen organizado y comportamientos que obstaculicen el disfrute pacífico del espectáculo para las familias argentinas”, sostiene el Poder Ejecutivo en los fundamentos de la iniciativa.
El Gobierno insiste en que las organizaciones delictivas ligadas al deporte ya no se limitan a lo que ocurre dentro de las canchas, sino que actúan en todo el país cuando ven amenazados sus intereses económicos. El debate legislativo recién comienza, pero la presión social y política para lograr un fútbol más seguro vuelve a poner a las barras bravas bajo la lupa del Congreso.
