Se pretende criminalizar tanto a las personas que se hagan un aborto como a los médicos que lo practiquen. Solicita la modificación del artículo 85 del Código Penal de la Nación para que se incluya la reclusión o prisión de tres a 10 años para quienes le practiquen el aborto a una mujer sin su consentimiento, y la pena aumenta a 15 años si la mujer muere. En caso de que la mujer dé su consentimiento, el médico que practique el aborto enfrentará entre uno y cuatro años de prisión y, si la paciente muere, la pena será de hasta seis años.
De la Redacción de EL NORTE
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Un grupo de diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para derogar la ley del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pretende anular lo aprobado en diciembre de 2020. Semanas atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había conjeturado que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley N° 27.610) podía ser objeto de debate parlamentario pero que “no estaba en agenda”. Lleva la firma de los legisladores Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y Oscar Zago. Sin embargo, el Gobierno ya había dado indicios de sus intenciones. A través del decreto de necesidad y urgencia 55/2024, que lleva la firma de Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se instauró 2024 como el “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”. Todo un mensaje político.
La noticia llega luego de la sesión frustrada que tuvo el oficialismo el martes para aprobar en particular la Ley Ómnibus.
El proyecto presenta cinco artículos. El primero expone la derogación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). También solicita la modificación del artículo 85 del Código Penal de la Nación para que se incluya la reclusión o prisión de tres a 10 años para quienes le practiquen el aborto a una mujer sin su consentimiento, y la pena aumenta a 15 años si la mujer muere. En caso de que la mujer dé su consentimiento, el médico que practique el aborto enfrentará entre uno y cuatro años de prisión y, si la paciente muere, la pena será de hasta seis años. Se pretende así criminalizar tanto a las personas que se hagan un aborto como a los médicos que lo practiquen. El proyecto recién podrá tratarse en sesiones ordinarias a partir del 1° de marzo, salvo que el Presidente lo incluya en el temario de extraordinarias.
LOS PUNTOS
El proyecto de ley presentado, que lleva la firma de la diputada por la provincia de Santa Fe, Rocío Belén Bonacci, prevé penas de entre “3 (tres) a 10 (diez) años de prisión” al que causare un aborto sin consentimiento de la mujer y de entre “1 (uno) a 4 (cuatro) años” al que lo efectuare con el consentimiento de la mujer. En este último punto, si el aborto consumado resulta en el fallecimiento de la mujer, la pena se eleva a 6 (seis) como máximo. En ningún párrafo del texto se menciona la figura de “persona gestante” que en la actual ley se contempla.
Uno de los puntos más polémicos es el referido a los abortos realizados en embarazos originados por una violación: “Decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del CP, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente”.
ALERTA Y RECHAZO
Ante la noticia de esta decisión, voces de dirigentes políticos y de la sociedad civil se mostraron en alerta. Esteban Paulon, diputado del Partido Socialista por la provincia de Santa Fe, afirmó: “No vamos a permitir ni un paso atrás en materia de derechos humanos! #AbortoLegal se defiende!”.
La campaña “Por el Aborto Legal” se expresó en redes sociales condenando la iniciativa oficial y puntualizando que el mencionado proyecto de ley “no sólo propone derogar la ley de IVE sino que busca que sea más restrictivo que el código penal de 1921 ya que quita la violación como causal de aborto no punible”.
La exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad del gobierno de Alberto Fernández, Elizabeth Gómez Alcorta, gran impulsora de la Ley en vigencia, también se expresó en la red social X (ex Twitter): “Más reaccionarios no se consiguen. La Libertad Avanza frente a la derrota legislativa de ayer, hoy presentan un proyecto para derogar la ley de IVE. No los dejaremos avanzar sobre nuestra libertad!”.