Diputados buscan respuestas oficiales en plena emergencia en Discapacidad
NewsITe
En medio de una fuerte tensión política, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados convocará este miércoles a las máximas autoridades del área para que expliquen las medidas adoptadas frente a la profunda crisis que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Legisladores de distintos bloques esperan conocer en detalle el diagnóstico oficial y los pasos a seguir, mientras la oposición insiste en declarar la emergencia hasta 2027.
Desde las 16, está prevista la exposición del titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, acompañado por el subsecretario de Política de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano. El oficialismo apuesta a mostrar apertura al diálogo y cierta hoja de ruta, en momentos en que enfrenta fuertes críticas de organizaciones civiles, familias y prestadores por el recorte de prestaciones y la falta de actualización de aranceles.
La oposición, nucleada en una confluencia de bloques, busca avanzar con la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que obliga al Estado nacional a garantizar financiamiento adecuado, saldar deudas con prestadores y asegurar la continuidad de las pensiones. El Poder Ejecutivo, sin embargo, resiste su aplicación plena con argumentos fiscales y trabaja para bloquear una sesión especial prevista para el 9 de septiembre.
Choque político en la Comisión de Discapacidad
El clima en la comisión está lejos de ser distendido. El vicepresidente primero del cuerpo, Juan Marino (Unión por la Patria), cuestionó que la reunión informativa sólo contemple la presencia de funcionarios nacionales y reclamó la incorporación de representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad, prestadores y familiares, con el objetivo de que puedan exponer en primera persona el impacto de los recortes.
En una nota formal dirigida al presidente de la comisión, el libertario Gerardo Huesen, Marino dejó asentada su disconformidad por la negativa a habilitar oradores externos. Según el diputado opositor, resulta imprescindible que la denominada “casa de la democracia” sea también un ámbito efectivo de escucha para la sociedad civil, en un contexto de denuncias por suspensión de tratamientos, demoras en pagos y bajas de pensiones.
Huesen respondió que esta será la primera de “una serie de reuniones informativas” y que, por esta vez, no se prevé la incorporación de otros invitados, aunque dejó abierta la posibilidad de ampliar la participación en futuros encuentros. Para la oposición, se trata de una maniobra dilatoria para evitar que la comisión avance en la firma de dictámenes sobre los proyectos que buscan reforzar derechos y prestaciones.
Prestaciones en riesgo y quejas por la cadena de pagos
La crisis en el sistema de discapacidad tiene varios frentes. Por un lado, los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas —que regula aranceles de terapias, transporte, centros educativos y servicios de apoyo— quedaron muy por detrás de la inflación. Prestadores señalan que los aumentos dispuestos por el Gobierno resultan insuficientes frente al encarecimiento del costo de vida, lo que torna inviables servicios esenciales como el transporte adaptado o los centros de día.
Al mismo tiempo, obras sociales y empresas de medicina prepaga denuncian retrasos y cortes en la transferencia de fondos provenientes de la Superintendencia de Servicios de Salud y de otros organismos recaudadores, lo que interrumpe la cadena de pagos. Psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, transportistas y operadores de centros terapéuticos acumulan deudas crónicas y, en muchos casos, optaron por suspender tratamientos porque “trabajan pero no cobran”.
Otro punto de fuerte conflicto son las pensiones no contributivas por invalidez laboral. En el marco de un proceso de revisión y auditorías, el Gobierno dio de baja más de 110.000 beneficios y mantiene en una suerte de limbo administrativo a más de 200.000 solicitudes nuevas. Además, se endureció la exigencia de acreditar al menos un 66% de invalidez para conservar o acceder a la pensión, lo que deja a miles de familias en situación de extrema vulnerabilidad económica.
Disputa por la emergencia y denuncias en la Justicia
El oficialismo sostiene que el esquema previo estaba plagado de irregularidades, con un crecimiento que califica de “exponencial e injustificado” en el número de pensiones por invalidez entre 2003 y 2023, que habrían pasado de unas 76.000 a alrededor de 1,2 millones. Con ese argumento, justifica auditorías estrictas y un proceso de reempadronamiento para depurar el padrón y dar de baja beneficios que considera mal otorgados o producto del clientelismo.
Desde la vereda opuesta, sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil reclaman que se prorrogue la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027, tal como prevén los proyectos que esperan tratamiento en la Cámara baja. Aseguran que no se trata sólo de corregir desvíos, sino de garantizar la continuidad de tratamientos vitales, la actualización de las pensiones y el financiamiento de un sistema que, sin recursos suficientes, deja a miles de personas sin acompañamiento adecuado.
- Reclamos por la suspensión de prestaciones y tratamientos esenciales.
- Deudas millonarias con profesionales y centros terapéuticos.
- Bajas masivas de pensiones y endurecimiento de los requisitos.
- Críticas por la falta de participación de organizaciones en el Congreso.
El conflicto escaló en los últimos meses con denuncias penales contra el presidente Javier Milei y funcionarios de su Gobierno bajo la figura de “abandono de persona”, por supuesta vulneración del acceso a la salud y a condiciones básicas de vida. También se presentaron planteos ante organismos internacionales, como la ONU, por presuntas violaciones a tratados de derechos humanos.
En este contexto de tensión institucional y social, la reunión de la Comisión de Discapacidad aparece como una prueba clave para medir hasta dónde está dispuesto a avanzar el oficialismo en la búsqueda de consensos o si prevalecerá la estrategia de ganar tiempo y limitar el gasto.
Mientras tanto, familias, organizaciones y prestadores aguardan definiciones concretas: actualización de aranceles, normalización de la cadena de pagos y certezas sobre la continuidad de las pensiones. Sin respuestas claras, advierten que la crisis del sistema de discapacidad puede profundizarse y dejar a una población especialmente vulnerable en una situación aún más crítica.
