Revés judicial para el Ejecutivo por la Ley de Financiamiento Universitario
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El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 dictó una medida cautelar a favor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, pese al decreto que había postergado su implementación.
La resolución, firmada por el juez federal Martín Cormick, constituye un nuevo capítulo en la disputa entre el sistema universitario público y el Poder Ejecutivo por los recursos destinados a la educación superior. El magistrado entendió que el Decreto 759/2025, que supeditaba la vigencia efectiva de la ley a una futura definición del Congreso sobre las fuentes de financiamiento, vulneraba el proceso legislativo ya concluido.
La UBA había planteado que la decisión oficial implicaba, en los hechos, un desconocimiento de la voluntad del Congreso y calificó la maniobra como un “fraude constitucional”. En su fallo, Cormick coincidió en que, una vez rechazado el veto presidencial por parte del Parlamento, el Poder Ejecutivo tenía la obligación de poner en marcha la norma sin condicionamientos adicionales.
Argumentos del juez y alcance de la cautelar
En su decisión, el juez sostuvo que el trámite legislativo de la Ley 27.795 “no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley” y advirtió que el incumplimiento por parte del Estado genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, en referencia al deterioro de los ingresos de docentes, no docentes y demás trabajadores del sistema universitario.
Cormick subrayó que la cautelar no colisiona con el interés público, sino que lo resguarda. En ese sentido, recordó que la Constitución Nacional garantiza el derecho a enseñar y aprender, y señaló que la falta de financiación adecuada de las universidades públicas afecta directamente ese derecho.
Impacto fiscal y contexto del conflicto
El magistrado mencionó además que el costo fiscal estimado de cumplir con la ley representa alrededor del 0,23% del PBI, un porcentaje que consideró “poco significativo” frente al volumen total del gasto público nacional. Para el juez, ese dato refuerza la idea de que no existe una justificación sólida para postergar la aplicación de la norma.
La causa se da en el marco de una demanda más amplia impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades nacionales. El CIN reclama que el Gobierno cumpla con el acta firmada el 10 de junio, en la que se había acordado la transferencia de fondos necesarios para otorgar un aumento salarial del 24,33% al personal universitario.
- La ley ordena al Estado garantizar recursos para salarios y funcionamiento de las universidades públicas.
- La UBA y el CIN advierten por la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de la infraestructura académica.
Respuesta del Gobierno y fundamentos del rechazo
Tras la firma de aquel acuerdo, el Poder Ejecutivo sostuvo que el entendimiento alcanzado dejaba sin efecto una cautelar anterior y pidió que se levantara esa medida judicial. Sin embargo, el juez Cormick desestimó el planteo al considerar que el Estado nacional no logró probar un “impacto positivo sobreviniente” que compensara los daños ya sufridos por el sector universitario.
El fallo remarca que todavía no existe una solución definitiva al “deterioro de los ingresos, la disminución del poder adquisitivo y la pérdida salarial” del colectivo involucrado, por lo que resultaba necesario mantener y reforzar la protección cautelar. En consecuencia, el magistrado ordenó al Gobierno cumplir de inmediato con los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley 27.795.
“La falta de cumplimiento de la ley afectaría el derecho a enseñar y aprender”, advirtió el juez, al destacar la centralidad de la universidad pública en el sistema educativo argentino.
Con esta decisión, la Justicia vuelve a intervenir en el conflicto por el financiamiento universitario y suma presión sobre el Ejecutivo, que deberá ahora resolver cómo garantizar los fondos necesarios para sostener el funcionamiento de la UBA y del resto de las casas de altos estudios del país.
