Debate caliente en el Congreso por el futuro de los glaciares
NewsITe
En una sesión atravesada por fuertes tensiones políticas dentro del recinto y movilizaciones en las inmediaciones del Congreso, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados parlamentarios se encaminan a aprobar en la Cámara de Diputados la reforma de la Ley de Glaciares, de perfil claramente pro minero, que ya cuenta con media sanción del Senado.
El proyecto flexibiliza las restricciones para el desarrollo de actividades extractivas en zonas periglaciares, habilitando mayores márgenes de decisión para las provincias mineras. Según cálculos de propios y extraños, los mismos legisladores que garantizaron el quórum al inicio del debate —entre ellos diputados de LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo de San Juan y parte de Provincias Unidas— aportarían los votos necesarios para convertir la iniciativa en ley.
Durante el arranque de la sesión, la oposición intentó sin éxito incorporar otros temas al temario. Diputadas del Frente de Izquierda y de Unión por la Patria reclamaron pronunciamientos contra el retiro de acreditaciones a medios de comunicación críticos del Gobierno, mientras que otros legisladores impulsaron proyectos para mantener la neutralidad argentina frente al conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Ninguna de esas mociones alcanzó la mayoría requerida.
También fracasó el intento de citar e interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, así como el pedido para debatir proyectos vinculados al caso Libra y eventuales comparecencias de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del propio Adorni.
Defensa oficialista: más margen para las provincias mineras
Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc (LLA), reivindicó la audiencia pública realizada a fines de marzo, a la que calificó como “histórica”, pese a que la mayoría de los expositores se manifestaron en contra de la reforma. Desde la oposición cuestionan ese proceso por considerarlo restrictivo y anticipan que impulsarán la judicialización de la norma.
El diputado Nicolás Mayoraz, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la iniciativa y sostuvo que el texto “aclara conceptos” sin modificar el “paradigma de protección de los glaciares”. Según su explicación, la modificación no vulnera el principio de no regresión ambiental y le otorga a las provincias mayores herramientas técnicas para evaluar, junto con el IANIGLA, el estatus de glaciares y ambientes periglaciares.
Duras críticas opositoras y acusaciones de inconstitucionalidad
Desde Unión por la Patria, la diputada y científica Adriana Serquis advirtió que la defensa oficialista se basa en “datos que no son científicos” y alertó sobre una regresión en materia de protección de las reservas de agua dulce. Con una maqueta en mano, subrayó que apenas el 1% de la cordillera corresponde a glaciares, pero que esa pequeña porción abastece de agua a alrededor de 7 millones de personas.
El jefe del bloque, Germán Martínez, remarcó que su espacio está a favor del desarrollo productivo, pero sin resignar la tutela del ambiente periglacial ni la visión federal “de concertación” que, a su criterio, se ve debilitada por una mayor cesión de atribuciones a las provincias en la definición de áreas protegidas.
Desde otros bloques opositores también se sumaron las advertencias. El diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) calificó la reforma como “una de las peores leyes” tratadas en el Congreso y sostuvo que el texto es inconstitucional por violar el artículo 41 de la Carta Magna, que garantiza los presupuestos mínimos de protección ambiental a nivel nacional. Aseguró, además, que el lobby minero tuvo un rol determinante en la redacción del proyecto.
- Organizaciones ambientales anticipan una ola de presentaciones judiciales para frenar la aplicación de la norma.
- Legisladores de izquierda y sectores opositores denuncian una “entrega” de recursos estratégicos a grandes compañías mineras.
“Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa. Le van a poner cianuro a los pibes y a las pibas”, lanzó el diputado Juan Grabois, en una de las frases más filosas del debate.
Otros referentes, como Miguel Pichetto, recordaron que acompañaron la Ley de Glaciares vigente desde 2010 y que no ven fundamentos técnicos nuevos que justifiquen la reforma. En tanto, algunos legisladores aliados al Gobierno argumentan que la norma permitirá destrabar inversiones y generar empleo en las provincias cordilleranas, mientras se mantiene —según afirman— la protección de los glaciares inventariados. La votación final promete dejar expuestas, una vez más, las profundas diferencias sobre el modelo de desarrollo y el cuidado del ambiente en la Argentina.
