Diputados dio dictamen al proyecto que tipifica el vandalismo rural
NewsITe
La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso clave para endurecer las sanciones contra los delitos que afectan a la producción agropecuaria. En un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Legislación Penal, se firmó un dictamen de mayoría que incorpora al Código Penal la figura de “vandalismo rural”, con penas que pueden llegar hasta los ocho años de prisión.
El proyecto, impulsado por el diputado del PRO Martín Ardohain, obtuvo el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, Provincias Unidas y otros bloques provinciales. Según informó la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, el despacho de mayoría reunió 41 firmas sobre 66 legisladores presentes, por lo que la iniciativa quedó lista para ser debatida en la próxima sesión del cuerpo.
La discusión se da en un contexto de creciente preocupación por los ataques a silobolsas, la rotura de alambrados, el ingreso no autorizado a campos y otros hechos que afectan directamente el ciclo productivo del sector agropecuario. Productores y entidades rurales vienen reclamando desde hace años una figura penal específica que contemple estas conductas.
Qué prevé el proyecto y cómo se agravarán las penas
El texto consensuado establece que será reprimido con penas de uno a doce meses de prisión quien ingrese sin autorización a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias, en contra de la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. De esta manera, el simple ingreso a un campo cercado o con señalización clara pasa a constituir un delito penal.
Más severas serán las sanciones para quienes dañen o destruyan elementos vinculados al proceso productivo. El nuevo artículo 184 bis del Código Penal fijará penas de dos a ocho años de prisión, además de multas de hasta 12 veces el valor del daño, para quienes afecten el ciclo productivo, el stock de materias primas, la infraestructura agropecuaria o los cultivos —cereales y oleaginosas— tanto antes como después de la cosecha, cuando se encuentren almacenados en bolsas, silobolsas, tolvas u otros sistemas.
Ardohain argumentó que el objetivo es “salir de una visión urbanocéntrica del Código Penal” y brindar mayor protección al interior productivo. “Hablar de vandalismo rural es un tema muy caro a todo el interior del país. Hoy entrar a una propiedad privada a cazar o a llevarse algo muchas veces se reduce a una contravención. Con esta ley pasa a ser un delito con penas de prisión”, remarcó.
Apoyos, críticas y debate político en el Congreso
Desde el oficialismo y los bloques aliados se destacó que la incorporación de los artículos 150 bis y 184 bis permitiría precisar y modernizar la protección penal ante los delitos rurales, que hasta ahora aparecen dispersos en distintas figuras del Código. El diputado cordobés Carlos Gutiérrez, de Provincias Unidas, celebró “haber encontrado un avance racional” y señaló que no se trata de una reforma integral, sino de “ajustes puntuales” para responder a una demanda concreta de los productores.
Para Gutiérrez, la realidad actual demuestra que “la sola existencia de un alambrado o una tranquera son insuficientes para frenar el avance del vandalismo”, al que calificó como “un verdadero dolor de cabeza” para el campo. En esa línea, se buscó diferenciar el vandalismo rural de otras figuras como el daño simple o el hurto, con el fin de aplicar castigos más severos cuando se vea comprometida la producción.
No obstante, el proyecto recibió fuertes cuestionamientos desde Unión por la Patria y la izquierda. El diputado Ramiro Gutiérrez lo consideró “inconveniente” y sostuvo que no resolverá los problemas que se propone abordar. Advirtió, además, sobre el riesgo de superposición con figuras penales ya existentes y alertó que podría generar una “duplicación normativa” que, en algunos casos, implicaría penas más bajas que las actuales.
La diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) fue más allá y vinculó la iniciativa con los grandes intereses económicos en torno a la tierra. Afirmó que el proyecto busca “proteger a los Lewis” y acusó al oficialismo de estar “blindando la ley de tierras” bajo el argumento del combate al vandalismo rural.
“La realidad muestra que el alambrado o la tranquera son insuficientes para frenar el avance del vandalismo rural, un verdadero dolor de cabeza para los productores”, sostuvo el diputado Carlos Gutiérrez al fundamentar su apoyo al dictamen de mayoría.
Con el dictamen firmado, el debate se trasladará ahora al recinto. Allí se pondrá a prueba el nivel de consenso político sobre una ley que busca dar respuesta a los reclamos del sector agropecuario, pero que al mismo tiempo reaviva la discusión sobre el alcance de la protección penal a la propiedad privada y al modelo productivo en el campo argentino.
