Organizaciones marcharon a Tribunales contra el fallo de la Corte
NewsITe
Agrupaciones políticas de izquierda, gremios, organizaciones sociales, de derechos humanos y colectivos ambientalistas se movilizaron este martes hacia los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para rechazar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que, según denunciaron, abre la puerta a una mayor extranjerización de la tierra en la Argentina.
La convocatoria se enmarca en la disputa por la vigencia de la Ley de Tierras y el alcance del DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei, que modificó el marco regulatorio que limitaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Mediante un documento conjunto, las organizaciones sostuvieron que el decreto es “inconstitucional” y reclamaron su derogación inmediata, al tiempo que apuntaron contra el máximo tribunal por convalidar, en los hechos, la medida del Poder Ejecutivo.
“Estamos acá junto a quienes defienden, en cada rincón de la Argentina, el derecho de nuestro pueblo a vivir con dignidad en su propia tierra”, expresaron durante el acto frente al Palacio de Tribunales. Los manifestantes acusaron al Gobierno nacional de llevar adelante un “plan sistemático de entrega de la soberanía”, ahora respaldado por la Corte Suprema, y alertaron sobre el impacto que podría tener la flexibilización de los controles a la venta de campos y recursos estratégicos.
Críticas a la Corte Suprema y defensa de la soberanía
El documento fue suscripto, entre otros, por las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), la Mesa de organismos de Derechos Humanos (APDH), la Mesa Ecuménica, el Partido Piquetero, Unidad Popular, Barrios de Pie, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la CONADU y la CONADU Histórica. Allí se cuestiona directamente a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por la resolución del 29 de septiembre que dejó sin efecto un fallo previo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras y rechazó la presentación de excombatientes de Malvinas.
Para las organizaciones convocantes, esa decisión “cerró la puerta” a los reclamos judiciales contra el artículo 154 del DNU 70/2023 y “le puso el cartel de venta a la Argentina”. Aunque la Corte argumentó que se trató de una cuestión procesal, los manifestantes advirtieron que en los hechos se quitó una protección clave frente al avance de capitales extranjeros sobre tierras, recursos naturales y bienes comunes.
En ese sentido, remarcaron que las consecuencias de esta redefinición normativa pueden sentirse a largo plazo sobre “el territorio, los recursos y las posibilidades de las próximas generaciones”. A modo de ejemplo, denunciaron que, con el nuevo escenario legal, inversores extranjeros de alto poder adquisitivo podrían adquirir grandes extensiones de tierra, e incluso “comprar una ciudad, una provincia o un valle”.
Llamado a movilizar al Congreso y pedido de paro nacional
Durante la jornada tomó la palabra un grupo de dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), entre ellos los diputados nacionales Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Desde el escenario montado frente a Tribunales, convocaron a una movilización “masiva” al Congreso para el próximo 15 de octubre, con el objetivo de exigir el rechazo total del DNU 70/23.
- Rechazo al fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la protección previa de la Ley de Tierras.
- Pedido de derogación del DNU 70/2023, al que califican de inconstitucional.
- Defensa de la soberanía sobre la tierra, el agua, los alimentos y otros bienes comunes.
- Convocatoria a una gran marcha al Congreso el 15 de octubre.
- Exigencia de un paro nacional para respaldar la protesta en todo el país.
“Tres jueces elegidos a dedo por las componendas políticas, que nadie eligió, fallan en contra de un pueblo que se movilizó el 6 de agosto, dejando muy claro el rechazo a la venta de nuestras tierras y la defensa de los bienes comunes”, sostuvo Nicolás del Caño al cerrar el acto.
Las organizaciones anticiparon que continuarán con las medidas de protesta y buscarán sumar adhesiones en todo el país, en un contexto de fuerte discusión sobre el modelo productivo, el rol del capital extranjero y los límites a la propiedad privada de tierras rurales. En paralelo, distintos sectores jurídicos y académicos analizan posibles caminos legales para volver a cuestionar el DNU y el alcance del fallo de la Corte Suprema en materia de soberanía territorial.
