La investigación reveló un esquema de captación de mujeres jóvenes a través de redes sociales y comercialización de contenido íntimo en plataformas digitales.
Un hombre de 30 años, identificado como G.G.N., quedó detenido en Rosario con prisión preventiva por 90 días tras ser acusado de explotar sexualmente a mujeres jóvenes mediante un sistema de captación en redes sociales y comercialización de contenido íntimo.
La investigación está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario y se desarrolló en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Según se reconstruyó, el acusado operaba al menos desde 2022 y extendía sus actividades en distintas provincias del país.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el imputado captaba a mujeres jóvenes a través de Instagram con la promesa de que los videos sexuales que grababa se difundirían únicamente en el exterior. Sin embargo, el material se comercializaba en plataformas de alcance global, por lo que también circulaba en la Argentina.
El acusado utilizaba el engaño como herramienta principal y se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de las víctimas para concretar los encuentros y luego vender los videos.
Cómo funcionaba el sistema de captación y difusión
El Ministerio Público Fiscal informó que la investigación comenzó el 5 de marzo de 2025 tras un llamado anónimo a la Línea 145 del Ministerio de Justicia de la Nación, en el que se alertó sobre la oferta de dinero a mujeres jóvenes para grabar contenido íntimo.
La PROTEX, a cargo de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, detectó perfiles de Instagram como “Argentina Casting” o “AC” y un grupo público de Telegram donde se promocionaban los videos.
Los investigadores lograron vincular estos perfiles al acusado mediante líneas telefónicas e IP coincidentes. Además, comprobaron que la promesa de difusión exclusiva en el exterior era falsa, ya que el contenido se vendía sin restricciones territoriales.
Aunque el hombre ya estaba imputado desde julio de 2024 por tres hechos, la aparición de nuevas víctimas y la continuidad de la actividad derivaron en su detención el 25 de marzo.
En una audiencia realizada el viernes pasado, el fiscal general Javier Arzubi Calvo, junto a la fiscal general interina Soledad García y los fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, solicitaron la prisión preventiva.
El juez Carlos Vera Barros hizo lugar al pedido y dictó la medida por 90 días. El acusado quedó imputado por ocho hechos de trata de personas con fines de explotación, agravados por la cantidad de víctimas, el abuso de vulnerabilidad, el engaño y la consumación de la explotación. También sumaron la imputación por promoción y facilitación de la prostitución ajena.
Un esquema sostenido y extendido en varias provincias
La fiscalía indicó que el caso no responde a hechos aislados, sino a un sistema organizado y sostenido en el tiempo. El acusado reclutaba víctimas por redes sociales, viajaba a distintas provincias —como Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones—, realizaba los encuentros, filmaba los videos y luego los editaba y comercializaba.
A pesar de estar imputado, el hombre continuó operando y modificó perfiles y plataformas para captar nuevas víctimas. El Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina identificó al menos cinco nuevas damnificadas.
Algunas víctimas declararon en Cámara Gesell y describieron el impacto que tuvo la difusión de los videos en sus entornos personales y familiares.
La fiscalía señaló que el acusado intervenía en todas las etapas del proceso: captación, coordinación, filmación, edición y comercialización. En algunos casos, utilizaba identidades falsas como “Liam” o “Elion” y hacía firmar contratos sin permitir su lectura o copia.
El esquema incluía un pago único a las víctimas, mientras que el acusado obtenía beneficios económicos continuos a partir de la difusión del contenido.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que esta modalidad configura trata de personas en entornos digitales, donde se afectan la intimidad y la identidad de las víctimas. La mayoría de las mujeres tiene entre 18 y 19 años, proviene de distintas provincias y presenta escasa experiencia laboral, lo que incrementa su vulnerabilidad.
