Presos acusan filtraciones y encubrimiento en la Unidad 31
NewsITe
Un nuevo escándalo sacude a la Unidad 31 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde un grupo de internos denunció que presos acusados de narcotráfico intramuros habrían sido alertados con varias horas de anticipación sobre un inminente allanamiento y lograron ocultar drogas y equipos de internet antes del procedimiento oficial.
Según la presentación judicial, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los denunciantes apuntan contra integrantes del grupo conocido como “La Comitiva” o “Limpieza y mantenimiento”, conformado por exmiembros de fuerzas armadas y de seguridad, alojados en el Pabellón 1. Estos detenidos habrían recibido información privilegiada que les permitió mover la droga a otros sectores del penal y desarmar antenas y módems instalados en la celda.
Las sospechas se centran en una presunta filtración desde la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 9 de Florencio Varela hacia autoridades del penal. Por este motivo, los presos que impulsan la causa habían pedido desde el inicio que la investigación quedara en manos de una fiscalía de Quilmes, alegando que ya en ocasiones anteriores no se habrían tomado medidas ante denuncias similares sobre connivencia entre funcionarios penitenciarios y ciertos internos.
Cómo se habría anticipado el allanamiento
En una nueva denuncia, los reclusos relatan que el martes 25 de agosto de 2026, alrededor de las 9.30, integrantes de “La Comitiva” comenzaron a comentar en voz alta que podría realizarse un allanamiento en el pabellón. Durante la mañana, siempre según la presentación, se observaron movimientos inusuales y conversaciones en voz baja entre personal del SPB y los presuntos narcos del Pabellón 1.
Cerca del mediodía, los denunciantes afirman que estos internos dieron por confirmado el operativo y ordenaron “sacar la falopa” y trasladarla al jefe del Pabellón 3 para que la ocultara. En paralelo, otro grupo habría desmontado antenas y módems utilizados para conectividad ilegal. La advertencia temprana les habría permitido limpiar cualquier rastro antes de la llegada oficial de los investigadores.
Frente a esa situación, a las 12.31 se envió un correo a la casilla oficial [email protected], dirigido a la Procuración General bonaerense, detallando lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el allanamiento se concretó recién alrededor de las 18.34, varias horas después de la supuesta filtración, tiempo que los reclusos acusados habrían aprovechado para esconder o eliminar elementos comprometedores.
Acusaciones de connivencia y maniobras de encubrimiento
Los denunciantes señalan en la presentación que, tras el operativo, los integrantes de “La Comitiva” se jactaban a viva voz de contar con la protección de autoridades penitenciarias y de que “nadie los iba a sacar del pabellón”. Entre los apuntados figuran cinco de las máximas autoridades de la Unidad 31, identificadas con nombre y apellido, a quienes se vincula a un supuesto entramado de corrupción carcelaria.
En una denuncia anterior, ya se había advertido sobre la existencia de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes dentro del penal, que ejercería violencia, extorsión y reducción a la servidumbre sobre otros detenidos. Para los presos que se animaron a declarar, lo más grave ahora es la posible filtración de un procedimiento judicial, que habría frustrado la posibilidad de reunir pruebas clave contra esa estructura.
Críticas al operativo y pedido de apartamiento de la UFI 9
- Los internos sostienen que “toda la cárcel sabía” que iban a allanar el Pabellón 1, lo que permitió descartar o mover elementos incriminatorios.
- Cuestionan el orden del procedimiento: consideran que primero debió haberse allanado y recién después citar a declarar a testigos y víctimas.
- Denuncian una posible relación espuria entre autoridades de la Unidad 31 y funcionarios de la UFI 9 de Florencio Varela, con comunicaciones que habrían derivado en filtraciones de información.
- Aseguran que los reclusos que manejan el negocio de la droga continúan controlando el pabellón con aval de parte de la cúpula penitenciaria.
“Lo más alarmante es la posible filtración de un procedimiento judicial antes de su realización, porque, de comprobarse, podría haber frustrado la obtención de evidencia”, remarcaron los denunciantes en el escrito presentado.
Ante este panorama, los internos volverán a solicitar formalmente que la UFI 9 sea apartada del caso y que la investigación pase a manos de otra fiscalía, preferentemente de Quilmes, con el objetivo de garantizar imparcialidad y resguardar la integridad de los denunciantes dentro del penal.
