Román pidió revisar el pago de $1,5 millones a un jefe comunal interino
NewsITe
El intendente de Allen, Marcelo Román, presentó una denuncia formal ante organismos de control por presuntas irregularidades cometidas durante el breve período en que estuvo suspendido de su cargo. El eje del planteo es un adelanto salarial de $1,5 millones que habría cobrado el intendente interino, Fabián Figueroa, quien condujo el municipio rionegrino durante cinco días.
Según pudo reconstruirse, Figueroa habría percibido tanto el adelanto extraordinario como los haberes correspondientes a los días en los que ocupó la jefatura comunal. Para Román, esas decisiones impactaron de manera negativa en las finanzas municipales y se habrían tomado al margen de los procedimientos administrativos habituales.
La presentación fue elevada al Tribunal de Cuentas, donde el intendente solicitó que se analice en detalle el circuito administrativo que permitió el pago. El objetivo es determinar si el anticipo a Figueroa estaba respaldado por resoluciones válidas, si contó con las autorizaciones necesarias y si se ajusta a las normas vigentes en materia de remuneraciones de funcionarios públicos.
Funcionarios y concejales en la mira
Además de Figueroa, la denuncia alcanza a los concejales Guillermo Pennesi, Néstor Soler y Marianela Rodríguez, quienes habrían tenido participación en el proceso que derivó en la suspensión temporal de Román y en la posterior asunción del intendente interino. El jefe comunal cuestiona tanto el procedimiento político como la tramitación administrativa de las medidas adoptadas en esos días.
Román sostiene que las actuaciones podrían haber generado un perjuicio económico para el municipio de Allen y reclama que se determine si correspondía que Figueroa cobrara los importes vinculados a su corta permanencia al frente del Ejecutivo. Entre otros puntos, pide que se analice si el adelanto de $1,5 millones debe ser reintegrado a las arcas municipales.
Posibles delitos y avance de la causa
En su presentación, el mandatario también solicita que el caso sea puesto en conocimiento de la Justicia para evaluar si las decisiones adoptadas durante su suspensión encuadran en alguna figura penal. Menciona, entre otras, posibles situaciones de abuso de autoridad, usurpación de funciones y desobediencia judicial, tipificaciones que suelen investigarse en conflictos institucionales a nivel local.
El conflicto político se originó a partir de la suspensión de Román por parte del Concejo Deliberante, lo que permitió que Figueroa quedara a cargo del municipio de manera provisoria. Tras recuperar su puesto, el intendente decidió avanzar con la denuncia para que se revisen los actos de gobierno concretados en esos cinco días y se definan eventuales responsabilidades administrativas, políticas y penales.
- El Tribunal de Cuentas deberá determinar la validez del adelanto salarial.
- La Justicia podría intervenir si se configura algún delito en las actuaciones.
“Es necesario esclarecer si hubo perjuicio para las cuentas públicas y, de ser así, disponer la devolución de los fondos al municipio de Allen”, planteó el entorno del intendente.
Ahora será el turno de los organismos de control y, eventualmente, de los tribunales judiciales, que deberán definir si el anticipo otorgado al intendente interino y las decisiones tomadas en ese lapso se ajustaron a derecho o constituyeron una irregularidad que amerite sanciones.
