Denuncia por presunto conflicto de intereses en la Ley de Glaciares
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El abogado ambientalista Enrique Viale adelantó que presentará una querella contra la senadora salteña Flavia Royón, a quien acusa de incurrir en un presunto conflicto de intereses al haber votado a favor de la Ley de Glaciares mientras, al mismo tiempo, integra una consultora vinculada al sector minero. La presentación judicial será por presunta incompatibilidad en el ejercicio de la función pública.
Según explicó Viale, la denuncia apuntará a que la Justicia investigue si existió cohecho u otro tipo de delito asociado a la participación de Royón en el debate y la votación de la norma que regula la protección de los glaciares en la Argentina. El letrado sostiene que la senadora, perteneciente al espacio “Primeros los Salteños”, habría mantenido intereses privados en el mismo sector sobre el cual debía legislar.
Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, remarcó que la legisladora habría votado favorablemente la ley pese a tener, según señaló, una consultora que asesora a la empresa minera Río Tinto, una de las grandes jugadoras del mercado internacional. Para el abogado, esta situación configura un caso paradigmático de posible incompatibilidad entre el rol público y la actividad privada.
El ambientalista también vinculó su presentación judicial con el clima de tensión que rodea el debate sobre la política ambiental y minera en el país. En ese marco, convocó a una movilización para la tarde de este miércoles, con el objetivo de visibilizar las críticas al modelo extractivo y exigir mayores controles sobre la actuación de funcionarios y legisladores ligados a la actividad minera.
Críticas a la audiencia pública y al operativo de seguridad
Además de la denuncia, Viale cuestionó con dureza la organización de la audiencia pública relacionada con la Ley de Glaciares. Señaló que, pese a que se inscribieron más de 100 mil personas para participar del debate, solo se permitió la exposición presencial de unos 200 oradores, lo que consideró una forma de censura y de recorte de la participación ciudadana.
“Es la audiencia pública más loca del mundo, con 101 mil personas debidamente inscriptas censuradas, y adentro está lleno de sillas vacías”, advirtió el letrado, al describir la escena en el recinto. Para Viale, la limitada cantidad de exposiciones habilitadas socava el carácter democrático y plural que debería tener este tipo de instancias.
- Más de 100 mil personas se inscribieron para participar de la audiencia.
- Solo unos 200 oradores pudieron exponer de manera presencial.
- Organizaciones ambientalistas denuncian recorte de la participación ciudadana.
Otro de los puntos señalados por el abogado ambientalista fue el fuerte dispositivo de seguridad desplegado en la zona, al que definió como un operativo “excesivo” y desproporcionado. A su entender, se trató de “el encuentro más militarizado del mundo”, una expresión con la que buscó graficar la magnitud de las fuerzas afectadas y el clima de tensión que se vivió en las inmediaciones.
“Voy a presentar una denuncia por incompatibilidad en la función pública para que se investigue el posible cohecho”, sostuvo Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas.
La denuncia anunciada por Viale promete abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre la relación entre política, minería y protección ambiental en la Argentina, en un contexto de creciente preocupación social por el impacto de las actividades extractivas sobre recursos estratégicos como los glaciares.
