Diputados reavivan la polémica por el gasoducto Lavalle-Catamarca
NewsITe
Un grupo de diputados provinciales presentó una extensa denuncia penal que vuelve a poner bajo la lupa la fallida construcción del gasoducto Lavalle-Catamarca, una obra estratégica que debía abastecer de gas natural a más de 120.000 habitantes y que quedó inconclusa pese a una inversión estimada en casi $6.400 millones.
La presentación, de unas 80 páginas entre denuncia y documentación adjunta, fue impulsada por los legisladores Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero, del espacio Generar. El escrito apunta a que la Justicia investigue el destino de los fondos, el estado de los materiales adquiridos y las decisiones administrativas adoptadas por la gestión del gobernador Raúl Jalil desde el inicio del proyecto hasta su paralización.
Según pudo reconstruirse a partir de documentación oficial, el acta de inicio del gasoducto se firmó el 28 de septiembre de 2022, con un plazo de ejecución de dos años. Para mayo de 2023, el cronograma preveía un avance superior al 34%, pero las mediciones oficiales marcaron apenas un 3,90%. Esa brecha entre lo proyectado y lo efectivamente ejecutado se convirtió en uno de los ejes centrales de la controversia.
Ante el marcado atraso, la administración provincial aplicó una multa de $1.963 millones a la contratista MEGA SRL y decidió rescindir el contrato en abril de 2024, decisión que el propio Jalil ratificó al mes siguiente. El proyecto incluía no sólo la construcción del gasoducto, sino también la compra de cerca de 5.000 caños de 25 centímetros de diámetro y 12 metros de largo, adquiridos a SIAT-Tenaris por más de $1.800 millones. El paradero de esos materiales y su eventual utilización son hoy parte de los interrogantes que la oposición pretende despejar.
Una obra clave, un contrato rescindido y un acuerdo polémico
La empresa MEGA SRL rechazó la medición oficial del avance de obra, sostuvo que la Provincia mantenía deudas con la firma y cuestionó la sanción económica. En junio de 2026, ambas partes llegaron a un acuerdo administrativo: el Gobierno dejó sin efecto la multa cercana a los $2.000 millones, recuperó una parte del anticipo financiero y accedió a devolver garantías por unos $922 millones, además de retirar a la empresa del registro de incumplidores.
En ese convenio se estableció que MEGA SRL debía reintegrar $301.267.618,35, cifra resultante de compensar el anticipo recibido con certificados de obra y créditos reconocidos. El entendimiento cerró el frente administrativo con la contratista, pero no resolvió el problema de fondo: el gasoducto sigue sin completarse y la distancia entre el cronograma original y el avance real permanece sin explicación clara.
- Obra iniciada en 2022 con plazo de dos años y objetivo de abastecer a 120.000 habitantes.
- Avance previsto de más del 34% en 2023, pero medición oficial de sólo 3,90%.
- Multa inicial de casi $2.000 millones y posterior acuerdo que dejó sin efecto la sanción.
- Compra de caños por más de $1.800 millones, hoy bajo la lupa de la investigación.
La denuncia constituye un planteo de la oposición y no implica, por sí misma, una prueba de responsabilidad penal. Será la Justicia la que deba determinar si existieron desvíos de fondos, sobreprecios u otros delitos.
Con la nueva presentación judicial, los diputados buscan que se reconstruya en detalle la secuencia de decisiones políticas y administrativas que llevaron a que una obra clave para el desarrollo energético de Catamarca quedara a medio camino. Mientras tanto, los más de 120.000 potenciales beneficiarios del gasoducto siguen esperando que el proyecto se concrete y que se aclaren las responsabilidades por una inversión millonaria que, hasta ahora, no se tradujo en el servicio prometido.
