Diez años de internación para el acusado por el crimen de Olga Quinteros
NewsITe
La Justicia de Neuquén declaró inimputable al hombre acusado por el crimen de la jubilada Olga Delina Quinteros, ocurrido en marzo de 2025 durante un robo en la localidad de Piedra del Águila. La resolución judicial dispuso su internación en un centro de salud mental por un plazo máximo de diez años, al considerar que al momento del hecho no podía comprender la ilicitud de sus actos ni dirigir sus acciones.
El imputado, de nacionalidad dominicana, fue sobreseído luego de que diversos informes médicos del hospital donde permanece internado, junto con peritajes del área de Psiquiatría del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén, concluyeran que su estado psíquico le impedía responder penalmente. La medida se ajusta a lo previsto por el Código Penal argentino para los casos de inimputabilidad, donde se privilegia un abordaje sanitario antes que una pena de cárcel.
El hecho investigado ocurrió el 14 de marzo de 2025 por la tarde, cuando el hombre ingresó a la vivienda de Quinteros, de 70 años, con fines de robo. Según la causa, golpeó a la víctima y se apoderó de dinero en efectivo, una cadena, un reloj, anillos y un automóvil Volkswagen T-Cross. La mujer falleció como consecuencia de la agresión.
Tras el ataque, el acusado escapó en el vehículo de la víctima y manejó hasta la ciudad bonaerense de Azul. Allí abandonó el auto a la vera de la Ruta Nacional 3, luego de quedarse sin combustible. Posteriormente consiguió que un camionero lo acercara hasta la Ciudad de Buenos Aires, donde finalmente fue detenido cuando intentaba ingresar al consulado de República Dominicana.
De femicidio a robo calificado por homicidio
En un primer momento, el caso fue investigado como un posible femicidio, en línea con los protocolos que rigen para muertes violentas de mujeres. Sin embargo, durante la audiencia de sobreseimiento, el Ministerio Público Fiscal (MPF) encuadró la conducta del acusado como robo calificado por homicidio, en carácter de autor, figura que contempla penas elevadas cuando el homicidio se comete para facilitar el robo u obtener su impunidad.
Sobre la base de la prueba médica producida, el MPF solicitó la declaración de inimputabilidad y el sobreseimiento, alegando que al momento del ataque el hombre no se hallaba en condiciones mentales de comprender sus actos ni de dirigir sus acciones. El juez de garantías Ignacio Pombo hizo lugar al planteo y dispuso una medida de seguridad: la internación obligatoria en un dispositivo de salud mental por hasta diez años.
Medida de seguridad y control judicial
La resolución judicial establece que la internación deberá cesar si se revierten las condiciones médicas y los riesgos que motivaron su imposición. Para ello, se requerirá la intervención de especialistas del cuerpo médico forense y una nueva decisión jurisdiccional. También se prevé que, si se cumple el plazo máximo sin que persistan riesgos para el propio imputado o para terceros, el equipo interdisciplinario de salud mental deberá expedirse una semana antes del vencimiento.
Hasta tanto se concrete su traslado a otra institución especializada, el acusado continuará internado en el centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires donde permanece desde su detención, bajo la modalidad de internación involuntaria. La Justicia neuquina ordenó además notificar al Juzgado de Rogatorias porteño para que colabore en la vigilancia de la medida, garantice la custodia policial adecuada y supervise el cumplimiento de la internación dispuesta.
- El acusado fue declarado inimputable y sobreseído por el crimen.
- La Justicia ordenó su internación en un centro de salud mental por hasta diez años.
- La calificación final del caso fue robo calificado por homicidio.
- La continuidad o cese de la medida dependerá de evaluaciones médicas periódicas.
“Dicha medida deberá cesar si se revierten las condiciones médicas y los riesgos que llevaron a su imposición”, sostuvo en su resolución el juez de garantías Ignacio Pombo.
El caso vuelve a poner en agenda el debate sobre cómo aborda el sistema penal argentino los delitos cometidos por personas con trastornos mentales graves, y el desafío de equilibrar el derecho a la salud, la seguridad pública y el reclamo de justicia de las víctimas y sus familias.
