Elecciones clave para la representación de la abogacía federal

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Los abogados y abogadas con matrícula federal de todo el país se preparan para una elección determinante: este martes renovarán a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. La votación se dará en un contexto de fuertes negociaciones entre la dirigencia política y los colegios profesionales, con el foco puesto en la futura integración del organismo que administra y controla a la Justicia federal.
El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de seleccionar candidatos para cubrir vacantes en los tribunales inferiores, armar y aprobar las ternas que luego se elevan al Poder Ejecutivo, administrar el presupuesto del Poder Judicial y aplicar sanciones disciplinarias a magistrados. Por eso, la definición de quiénes ocuparán los cuatro lugares reservados a la abogacía adquiere un peso estratégico para los próximos cuatro años.
En esta elección competirán cuatro listas con alianzas políticas y profesionales bien definidas. Por un lado, se presenta “Unidad en Defensa de la Abogacía”, encabezada por Alberto Biglieri, ex integrante del Consejo de la Magistratura porteño e interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Esta propuesta cuenta con el respaldo de más de 45 colegios de abogados de todo el país y nuclea a sectores del radicalismo y de la política colegial. Completan la nómina Claudia Sarmiento, Eduardo Bittar y María Jazminka Mihaljevic.
Las listas en competencia y sus principales respaldos
Desde “Unidad en Defensa de la Abogacía” subrayan la necesidad de reformar el Reglamento de Concursos. Bittar plantea que la experiencia del abogado y la abogada independientes debe ser valorada en igualdad de condiciones con la carrera judicial, para garantizar “igualdad de acceso a los cargos de la Magistratura” y evitar que los concursos queden reservados casi exclusivamente a funcionarios y empleados judiciales.
Otra de las alternativas es “Abogacía por la Libertad”, la expresión ligada formalmente a La Libertad Avanza, aunque integrada también por sectores independientes. La lista está liderada por Luis Alberto Palomino, concejal de Vicente López, acompañado por Valeria Fredes, exdirigente del INTI, junto a Martín Buscemi y Alicia Colazo. El espacio busca introducir una revisión profunda del sistema actual de selección de magistrados.
- “Unidad en Defensa de la Abogacía”: apoyada por más de 45 colegios, con presencia de sectores radicales y colegiales.
- “Abogacía por la Libertad”: referencia libertaria con dirigentes de perfil político y técnico.
- “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”: alianza entre el interior, Gente de Derecho y sectores del peronismo.
- “Abogacía Federal”: armado transversal con fuerte respaldo académico y partidario.
Palomino remarcó en diálogo con la agencia NA que el sistema actual “no permite evaluar si el candidato va a ser un buen juez”, ya que se centra en analizar el pasado y no prevé instancias para medir las habilidades y competencias necesarias para quienes deberán impartir justicia en las próximas décadas.
Alianzas políticas y disputa por el control del organismo
La tercera lista en juego es “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, que reúne a referentes del interior del país con la histórica agrupación porteña Gente de Derecho y sectores del peronismo. Encabeza la nómina Demarchi Arballo, titular del Colegio de Abogados de Villa María, seguido por el ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo, junto a Julia Toyos y Andrés Abramovich. En el armado político se destacan dos figuras del peronismo: Juan Manuel Olmos, hombre fuerte del PJ porteño, y el senador nacional Mariano Recalde, referente de La Cámpora.
La cuarta propuesta es “Abogacía Federal”, liderada por el platense Fernando Levene, acompañado por Sandra París, el ex titular del Colegio Público de la Capital Federal Eduardo Awad y Myriam Londero. Este espacio responde a un acuerdo transversal impulsado por el senador radical Maximiliano Abad y por dirigentes universitarios, con énfasis en la representación académica y federal.
Con fuerte anclaje territorial en distritos clave como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, las cuatro listas despliegan sus estructuras para asegurar una alta participación en las urnas. El objetivo común es ganar peso en las comisiones estratégicas de Selección y Disciplina del Consejo, donde se define buena parte de la política judicial para los próximos años.
La elección de los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura marcará el perfil de los concursos y de la administración de la Justicia federal durante el período 2026-2030.
Mientras avanza la campaña y se consolidan las negociaciones de último minuto, el resultado de estos comicios será seguido de cerca por el mundo político, judicial y académico, atento a cómo quedará configurado uno de los órganos más sensibles del sistema institucional argentino.

