El oficialismo no consiguió los votos para avanzar con la ley de Defensa
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El oficialismo de la Cámara de Diputados decidió postergar para la próxima semana el plenario de comisiones del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, eje central de la nueva estrategia vinculada al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. La falta de acuerdo con bloques aliados y fuerzas dialoguistas dejó al texto fuera del temario de la sesión prevista para este miércoles.
La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, buscaba llegar al recinto con dictamen de mayoría, pero las diferencias en torno a varios artículos sensibles trabaron la discusión. Entre los puntos más controvertidos aparece el artículo 111, que incorpora figuras penales para castigar la “manipulación de la opinión pública” mediante campañas de desinformación masiva, la alteración de procesos electorales y la colaboración con actos de sabotaje. Para sectores opositores y organizaciones civiles, la redacción abre la puerta a interpretaciones amplias que podrían impactar en la libertad de expresión y en la protesta social.
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También generó fuertes reparos la ampliación de facultades del Poder Ejecutivo a través de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con poder de decisión sobre medidas económicas, financieras y de seguridad. Ese organismo, encabezado por la Presidencia e integrado por ministros clave y áreas de inteligencia, podría disponer, ante amenazas graves, desde el bloqueo de fondos y restricciones cambiarias hasta la autorización del derribo de aeronaves o hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso.
Contexto internacional y críticas por la postura argentina en la ONU
El freno al dictamen no puede desligarse del escenario internacional. En la reciente discusión en Naciones Unidas, Estados Unidos impulsó la eliminación del Comité de Descolonización, ámbito multilateral donde la Argentina sostiene desde hace décadas su reclamo de soberanía sobre las Malvinas frente al Reino Unido. En una decisión que generó sorpresa y cuestionamientos, el Gobierno argentino se abstuvo, a través del canciller Pablo Quirno.
La postura fue duramente cuestionada por la oposición. El diputado de Unión por la Patria y ex canciller Jorge Taiana advirtió que la abstención “contribuyó decididamente” a la posición colonialista defendida por Estados Unidos, al tratarse del único órgano de la ONU que reconoce la existencia de una disputa de soberanía sobre las islas. Taiana reclamó que el Gobierno repudie esa iniciativa y retome la histórica línea diplomática argentina de “firmeza y coherencia” en la cuestión Malvinas.
En paralelo, trascendió que representantes cercanos al trumpismo habrían manifestado sus dudas sobre el avance del proyecto en el Congreso. Ese telón de fondo geopolítico se combinó con las tensiones internas del oficialismo y sus aliados a la hora de definir el alcance de las nuevas herramientas de defensa y seguridad.
Qué establece el proyecto sobre Malvinas y defensa nacional
El texto enviado por el Ejecutivo propone endurecer penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten o colaboren en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina. Además de reemplazar la Ley 26.659, amplía las prohibiciones a todo recurso renovable y no renovable, no solo hidrocarburos, y crea un registro público de infractores con la prohibición de que el Estado y particulares contraten con las empresas allí incluidas.
La iniciativa incorpora la figura del juicio en ausencia para estos delitos y redefine las funciones de la Defensa Nacional, habilitando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas, estatales o no estatales. También se formaliza por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que permite inmovilizar bienes y bloquear operaciones económicas o financieras con quienes sean incluidos en esa nómina.
Asimismo, el proyecto establece la prohibición de aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales. Se suman nuevos delitos vinculados a la filtración de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, a la colaboración con operaciones clandestinas y a la ejecución, con apoyo externo, de acciones destinadas a alterar procesos electorales o influir en la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación, así como a promover o financiar actos de violencia o sabotaje.
Tras no conseguir consensos, el oficialismo postergó el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para el miércoles 27 de octubre a las 16, dejando en suspenso el futuro inmediato del proyecto.
Con el debate ahora corrido una semana, el oficialismo buscará reordenar apoyos y negociar cambios en los puntos más cuestionados. Del resultado de esas conversaciones dependerá si el proyecto se encamina a convertirse en una nueva herramienta en la estrategia de Malvinas o si enfrenta una resistencia parlamentaria más profunda.
