Rodríguez Saá cuestiona el sistema de adjudicación de Poggi
NewsITe
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, quedó en el centro de la escena política provincial luego de que el exmandatario y actual presidente del PJ local, Alberto Rodríguez Saá, lo acusara de favorecer políticamente a determinados beneficiarios en la adjudicación de 81 viviendas sociales. El señalamiento se produjo tras un nuevo acto de entrega de decretos de asignación en el marco del programa habitacional Tenemos Futuro.
Durante un discurso pronunciado el domingo 27 en la sede de Compromiso Federal, Rodríguez Saá sostuvo que las casas financiadas por el Estado provincial deben ser destinadas a quienes más las necesitan, y no a quienes demuestren cercanía política con la actual gestión. Ese planteo fue interpretado como un fuerte tiro por elevación contra el criterio de distribución de una de las políticas públicas más sensibles del gobierno de Poggi.
Sin embargo, hasta el momento el exgobernador no aportó documentación ni listados de supuestos beneficiarios favorecidos, ni hizo públicos expedientes objetados que permitan acreditar irregularidades administrativas o penales. Por esa falta de evidencia concreta, las declaraciones se encuadran, por ahora, en el terreno del cuestionamiento político y no constituyen una denuncia formal ante la Justicia.
Desde la administración puntana se remarca que el sistema de adjudicación de viviendas combina la inscripción de postulantes, el cumplimiento de requisitos socioeconómicos y la realización de sorteos públicos. Entre las condiciones habituales se incluyen la residencia en la provincia, la conformación de un grupo familiar, la carencia de otra vivienda y la ausencia de adjudicaciones previas, además de controles posteriores que pueden dejar sin efecto una asignación si se detecta información falsa.
Cómo es el programa “Tenemos Futuro” y qué se cuestiona
Las 81 unidades habitacionales en discusión forman parte del programa Tenemos Futuro, que el Gobierno provincial presenta como una herramienta para reactivar la construcción de viviendas y generar empleo local. En el último acto oficial, las familias recibieron los decretos de adjudicación y se destacó la importancia del plan en el actual contexto económico.
Poggi detalló que el pago de las cuotas comenzará recién cuando las viviendas estén terminadas. La cuota inicial será de 60.000 pesos, con una actualización semestral atada a la evolución del salario promedio del país. Según el Ejecutivo, este esquema está diseñado para sostener en el tiempo una “rueda” de financiamiento que permita seguir construyendo nuevas unidades y ampliar el alcance del programa.
En convocatorias anteriores, la Provincia ya había señalado que el hecho de obtener un número en los sorteos no garantiza automáticamente la adjudicación definitiva, ya que luego se realiza una verificación exhaustiva de los datos declarados y de posibles incompatibilidades. Ese filtro administrativo es, hoy, la principal respuesta oficial frente a las críticas opositoras sobre presuntos favoritismos.
- El PJ acusa al Gobierno de direccionar la entrega de viviendas, pero sin exhibir pruebas documentales.
- La Provincia defiende el mecanismo de inscripción, requisitos y sorteos públicos como garantía de transparencia.
- Las 81 viviendas están enmarcadas en un plan que busca reactivación habitacional y empleo en más de 30 localidades.
“Las casas deben destinarse a quienes más las necesitan y no a quienes expresen cercanía política con el gobierno”, expresó Alberto Rodríguez Saá en su discurso partidario.
El cruce vuelve a colocar a la política habitacional en el centro del debate en San Luis, una provincia donde el acceso a la vivienda propia es un tema histórico de discusión. En ausencia de denuncias formales, el foco quedará puesto en la transparencia de cada etapa del programa y en la capacidad del Gobierno para exhibir controles efectivos que despejen sospechas y garanticen igualdad de oportunidades entre los aspirantes.
