Economía defendió en el Congreso su proyecto clave para blanquear ahorros
NewsITe
En medio de fuertes cuestionamientos de la oposición, el Gobierno nacional defendió en la Cámara de Diputados el proyecto de nueva Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que actualiza el régimen simplificado de Ganancias y busca atraer al circuito formal parte de los ahorros no declarados de los argentinos.
El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, donde altos funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central explicaron los alcances técnicos de la propuesta. El oficialismo asegura que la norma apunta a facilitar el cumplimiento tributario y a perseguir a los grandes evasores, mientras que la oposición denuncia que se trata de un “blanqueo permanente” que habilita la impunidad.
La discusión se potenció luego de que la ley original quedara en el centro de la escena por el pedido de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en plena investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Para sectores opositores, el nuevo texto consolida un marco legal hecho a medida de altos funcionarios y grandes contribuyentes.
Argumentos del oficialismo: simplificación y más adhesiones
La presidenta de la comisión de Legislación General, Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), sostuvo que el objetivo del proyecto es modernizar el esquema tributario sin suavizar la respuesta penal ante la evasión. “Se busca perseguir a los verdaderos evasores y no a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias”, remarcó, al responder a quienes ven en la iniciativa un beneficio encubierto para contribuyentes con cuentas pendientes con el fisco.
En la misma línea, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, recordó que el vencimiento de la declaración jurada de Ganancias se postergó para agosto y planteó que la ampliación del régimen simplificado permitirá incluir a un universo mayor de contribuyentes. Según la funcionaria, el nivel de acatamiento al sistema vigente fue “muy significativo”, lo que justificaría extenderlo para captar más adhesiones voluntarias.
El Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, subrayó que la nueva ley no modifica los lineamientos centrales del esquema: seguirá alcanzando a personas humanas y sucesiones indivisas, pero no a sociedades. Recalcó, además, que los beneficiarios deberán mantener la condición de residentes fiscales argentinos, como establece la normativa actual.
Un enorme stock de dólares por fuera del sistema
Desde el Banco Central, el director Martín Vauthier puso cifras al fenómeno que el Gobierno pretende encauzar. Recordó que se estima que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero cerca de 170 mil millones de dólares en billetes, una suma que cuadruplica o quintuplica el volumen de depósitos privados en moneda extranjera dentro de los bancos, hoy apenas superiores a los 40 mil millones.
Para el funcionario, el proyecto apunta a crear condiciones para que al menos una parte de esos fondos se formalicen sin penalidades, lo que podría reforzar la base imponible, ampliar la recaudación en el mediano plazo y, al mismo tiempo, fortalecer la disponibilidad de ahorro interno para financiar la actividad económica.
Críticas opositoras: sospechas de blanqueo e impunidad
Los bloques opositores cuestionaron duramente el proyecto al considerar que, en los hechos, configura un blanqueo sin plazo de cierre. El diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) lo definió como “un escándalo” que beneficia principalmente “a los estudios contables más grandes de la Argentina” y advirtió sobre el riesgo de que funcionarios públicos se amparen en el régimen para regularizar fondos de origen dudoso.
En la misma sintonía, Néstor Pitrola (Frente de Izquierda) habló de una “ley de impunidad permanente de la evasión”, mientras que Victoria Tolosa Paz lamentó que el oficialismo no hubiera aprovechado la oportunidad para excluir de manera expresa a todos los funcionarios públicos del régimen simplificado. La diputada vinculó esa decisión con la posibilidad de que ex integrantes del Gabinete se vean alcanzados por los beneficios.
Frente a estas objeciones, Balestrini insistió en que el proyecto no constituye un nuevo blanqueo de capitales. “No se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, explicó, y recordó que los funcionarios siguen obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. También remarcó que la iniciativa no limita las facultades de fiscalización del Estado ni altera la vigencia de las leyes antilavado y antievasión.
“No elimina delitos, no reduce penas y no beneficia a quien haya cometido un delito”, enfatizó la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, al rechazar que la Ley de Inocencia Fiscal sea una amnistía encubierta.
Tras el cruce de posturas, las comisiones continuarán analizando el texto y eventuales cambios antes de emitir dictamen. El Gobierno apuesta a que la nueva Ley de Inocencia Fiscal se convierta en una herramienta central para formalizar capitales, mientras que la oposición advierte que el riesgo es consolidar un régimen de beneficios permanentes para los contribuyentes de mayores recursos.
