El expolicía Lucas Artioli, señalado como presunto jefe de la asociación ilícita desbaratada en 2023, habría aceptado una condena de cinco años de prisión en el marco del acuerdo de juicio abreviado presentado por 11 imputados. La eventual homologación de ese entendimiento había provocado la suspensión del juicio previsto para el 7 de octubre contra otros dos efectivos, cuyo debate todavía no tiene nueva fecha.
De la redacción de EL NORTE
[email protected]
Aún no se fijó nueva fecha para el juzgamiento de los dos policías que iban a enfrentar al tribunal el pasado 7 de octubre. Se trata de Graciela Kruger y de Leandro Almendra, ambos acusados de defraudación a la administración pública, quienes habían decidido no buscar salidas alternativas y afrontar un juicio oral y público.
El debate había sido suspendido hasta tanto fuese homologado el acuerdo de juicio abreviado presentado por otros 11 imputados. Entre los acusados de integrar la asociación ilícita desbaratada en 2023 se encuentra el expolicía Lucas Artioli (señalado como presunto jefe de la banda), quien habría acordado una pena de cinco años de prisión.
La causa que, por diferentes delitos, involucró a policías y civiles se había iniciado en 2023 y alcanzó ribetes escandalosos tras revelar una trama de presunta corrupción policial.
El juicio tuvo una primera suspensión el pasado 11 de mayo ante la presentación de acuerdos en procura de un procedimiento abreviado por parte de la mayoría de los acusados. Tras fijarse una nueva fecha para el 7 de octubre, volvió a suspenderse hasta tanto fueran homologadas las presentaciones de salidas alternativas al juicio oral.
La mayoría de los integrantes de la presunta asociación ilícita mixta conformada por policías y civiles propusieron, a través de sus abogados, someterse a esta medida abreviada prevista por la ley y que consiste en reconocer cargos a cambio de una reducción de la pena.
La situación procesal de cada uno es diferente y distinta la responsabilidad. En el caso del exteniente primero Lucas Rubén Artioli, quien se encuentra en arresto domiciliario y optó por el juicio abreviado, está señalado como presunto jefe de la asociación ilícita.
Los acuerdos
La causa fue iniciada por la UFI N° 14 a cargo del fiscal Patricio Múgica Díaz en septiembre de 2023, en el marco de dos investigaciones diferentes que involucraban a grupos de policías y que culminaron en 25 allanamientos en simultáneo. En esos operativos, por un lado, la UFI N° 1 acusaba a tres agentes por comercialización de drogas y, por el otro, Múgica Díaz investigaba una posible asociación ilícita dedicada a cometer delitos contra la propiedad y la administración pública. Esta última causa mantiene actualmente imputados a 11 policías y dos civiles.
El caso se habría iniciado a partir de una investigación que comenzó en julio de 2022, luego del robo a una vivienda de Ramallo. En aquel entonces, si bien los ladrones consiguieron escapar, los investigadores encontraron el teléfono celular de uno de los sospechosos que había participado en ese asalto, y fue de allí de donde extrajeron información sobre “una banda criminal integrada por policías y civiles”.
Los policías imputados son Lucas Rubén Artioli, acusado por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe, concusión, defraudación en perjuicio de la administración pública y robo calificado, entre otros (acordó una pena de cinco años de prisión); Juan Apaza, imputado por defraudación en perjuicio de la administración pública (dos años de ejecución condicional); y Claudio Báez, acusado de concusión y defraudación a la administración pública (dos años de ejecución condicional, mínimo de multa e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos).
En cuanto a las agentes Amira y Agustina Méndez, los cargos son por defraudación en perjuicio de la administración pública (dos años de ejecución condicional); para Matías Godoy, la calificación legal es por asociación ilícita, concusión y defraudación a la administración pública en concurso real (prestó acuerdo por tres años de ejecución condicional, mínimo de multa e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos); en tanto que a Juan Giles, Sergio Ayala y Walter Espinoza se les imputa fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real (dos años de ejecución condicional y reglas de conducta). Los otros dos policías, que son Graciela Kruger y Leandro Almendra, ambos acusados de defraudación a la administración pública, decidieron no sumarse a salidas alternativas y afrontar un juicio oral y público.
También fueron imputados dos civiles. Se trata de Eduardo Ponce, quien acordó un abreviado por los cargos de asociación ilícita y hurto en concurso real (tres años de ejecución condicional y reglas de conducta), y de Rolando Albornoz, para quien la calificación legal impuesta es por asociación ilícita (la pena pactada sería de tres años de ejecución condicional).
En el momento de las detenciones había trascendido que un comisario se suicidó cuando la Justicia ordenó un allanamiento en su vivienda. De acuerdo con la información, antes de permitir el ingreso de los investigadores de la Policía Federal, grabó un video en el que asumió estar relacionado “con la causa del teniente primero Artioli”. La sospecha es que parte de la banda en cuestión había cometido “al menos seis robos y hurtos en la zona de Ramallo, Arrecifes y San Nicolás”.
