Refuerzan la acusación contra una estructura ligada al Tren de Aragua
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El Juzgado Federal N°1 de Corrientes decidió endurecer la situación procesal de 13 imputados señalados como parte de una organización criminal con nexos con el Tren de Aragua, una de las bandas transnacionales más temidas de la región. La medida fue adoptada tras un pedido del Ministerio Público Fiscal y supone un nuevo avance en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y financiamiento de actividades delictivas en el exterior.
Hasta el momento, los acusados ya se encontraban procesados con prisión preventiva por lavado de activos y, en nueve casos, por financiamiento del terrorismo. Ahora, el juez federal subrogante Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda incorporó la figura de asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal”, un tipo penal que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión, lo que eleva sensiblemente el riesgo de condena para los imputados.
Entre los 13 acusados hay 11 ciudadanos venezolanos, una mujer colombiana y un argentino. El presunto líder del entramado, identificado como el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, ya estaba detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, bajo el régimen de internos de “alto riesgo”. Según la pesquisa, sería el jefe de la denominada “Banda del Yiyi”, un brazo asociado al Tren de Aragua con proyección regional.
Boscán Bracho tenía pedido de captura internacional y fue arrestado el 2 de octubre de 2023 por personal de INTERPOL de la Policía Federal Argentina en la provincia de Corrientes. De acuerdo con el expediente, había ingresado al país el 22 de junio de 2019 procedente de Colombia, utilizando una identidad falsa, y residía en un country de la capital correntina al momento de su detención.
Allanamientos, estructura criminal y alcance de la causa
Los otros 12 imputados, identificados en el expediente por sus iniciales —E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., J.A.L.G., M.A.B.C., A.M.D.C., M.C.D.C, M.D.V.C., M.T.D.C., F.J.D.C. y D.E.A.— fueron detenidos en una serie de allanamientos simultáneos. Los operativos se desplegaron en distintos domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata, y en la ciudad de Corrientes, en el marco de un trabajo articulado entre fuerzas federales y la Justicia.
La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Los investigadores señalan que la presunta organización actuaba a través de al menos dos células, dedicadas a diseñar y ejecutar maniobras de lavado de dinero y canalizar fondos hacia estructuras criminales vinculadas al Tren de Aragua fuera de la Argentina.
A fines de diciembre de 2025, la Cámara Federal de Corrientes había confirmado los procesamientos por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero sin avanzar entonces sobre el encuadre de asociación ilícita. En las últimas semanas, y a la luz de nuevos elementos recolectados en la causa, el Ministerio Público Fiscal pidió ampliar las acusaciones, lo que derivó en la resolución ahora adoptada por el juzgado federal.
Implicancias judiciales y proyección del expediente
- La calificación como “organización criminal” agrava las penas en expectativa para los imputados.
- La causa busca desentrañar las conexiones locales de una red con ramificaciones transnacionales.
- El expediente se apoya en tareas de inteligencia financiera y cooperación internacional policial.
Fuentes judiciales destacan que el caso se enmarca en una estrategia más amplia para detectar y desarticular estructuras de lavado de activos y financiamiento de organizaciones criminales extranjeras con presencia en Argentina.
Con la ampliación de los procesamientos, la investigación entra en una etapa clave. En los próximos meses se espera la producción de nueva prueba, cruces de información bancaria y comunicaciones, así como eventuales pedidos de cooperación internacional para reconstruir el flujo de dinero que habría vinculado a estas células con el Tren de Aragua. El avance del expediente será seguido de cerca por los organismos especializados en criminalidad organizada y por la Justicia federal, que apunta a sentar un precedente en el abordaje de estas estructuras delictivas en el país.
