Corredores Viales, en liquidación y bajo la lupa por sus gastos
NewsITe
Corredores Viales S.A., la empresa estatal que administra corredores nacionales y que se encamina hacia su liquidación, rechazó informar en detalle cómo se utilizaron distintos mecanismos de gasto desde diciembre de 2023. La respuesta fue enviada en el marco de un pedido realizado por la Ley de Acceso a la Información Pública y deja sin aclarar movimientos vinculados a cajas chicas, adelantos, viáticos y reintegros, entre otros conceptos.
Según pudo reconstruir Diario EL NORTE a partir de la documentación oficial, la firma argumentó que atraviesa una “situación operativa” que le impide relevar y desglosar toda la información requerida. La compañía remarcó que su dotación de personal se redujo “casi a la mitad” y que los empleados administrativos y técnicos que permanecen en funciones están “exclusivamente abocados” al traspaso de las rutas a concesionarios privados, la confección de inventarios y las rendiciones finales.
El pedido de acceso estaba orientado a conocer con precisión cómo se usaron desde el 10 de diciembre de 2023 las tarjetas corporativas, fondos fijos o rotatorios, cajas chicas, adelantos, viáticos, reintegros y la documentación respaldatoria. Lejos de aportar planillas, extractos o archivos, Corredores Viales sostuvo que la “enorme amplitud temporal y material” de los documentos, sumada al achique de la estructura y al proceso de liquidación, genera una “imposibilidad fáctica” para destinar personal a esa tarea sin alterar el traspaso de los corredores.
Tarjetas corporativas y un período sin aclarar
El único aspecto sobre el que la empresa ofreció una precisión concreta fue el de las tarjetas corporativas. En su descargo, señaló que la Intervención que conduce actualmente la compañía “no ha dispuesto tarjetas corporativas para el uso de las autoridades, síndicos, gerencias, funcionarios ni personal de la empresa” y que esos instrumentos “son inexistentes” en esta etapa.
Sin embargo, ese planteo abre un interrogante clave: la intervención en Corredores Viales comenzó en abril de 2025, mientras que la información solicitada abarca desde diciembre de 2023. Es decir, persiste un lapso de varios meses sobre el cual la respuesta no permite determinar si hubo tarjetas corporativas u otros mecanismos equivalentes, ni cómo se afrontaron determinados gastos en ese período previo.
Tampoco se acompañaron, hasta el momento, las planillas o archivos internos referidos a cajas chicas, fondos, adelantos, reintegros, viáticos y otras rendiciones. Esos documentos constituían uno de los puntos centrales del requerimiento, ya que permitirían reconstruir el circuito de recursos utilizados en los corredores nacionales durante el tramo final de la gestión estatal.
Un cierre conflictivo y posibles reclamos
La controversia se da en un momento decisivo para la empresa. Corredores Viales informó que el Ministerio de Economía adjudicó ya los tramos correspondientes a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, y que se encuentra en desarrollo la Etapa III. Una vez concretado el traspaso de los corredores restantes, la sociedad ingresará “formal e indefectiblemente” en proceso de liquidación.
El argumento esgrimido por la compañía genera una situación particular: por un lado sostiene que no tiene recursos humanos para revisar y entregar la documentación solicitada; por el otro, admite que el personal disponible está justamente trabajando en inventarios y rendiciones finales para el cierre de la firma, tareas que en principio requieren acceder a la misma información contable y administrativa que se pidió vía Ley de Acceso.
La legislación de acceso a la información pública establece que los organismos deben entregar los documentos existentes en el estado en que se encuentren, sin necesidad de elaborar informes especiales ni procesamientos adicionales.
Frente a este escenario, especialistas en transparencia consultados advierten que la respuesta podría derivar en un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. La intervención de ese organismo permitiría determinar si la negativa de Corredores Viales se ajusta a la normativa o si corresponde intimar a la empresa a entregar la documentación disponible. Mientras tanto, y con la liquidación en marcha, sigue sin conocerse el detalle de una parte de los gastos ejecutados desde diciembre de 2023 en los corredores nacionales.
