Ofrecía una tecnicatura en morgue sin aval oficial y cobraba cuotas mensuales
NewsITe
Un empleado de la morgue del hospital Marcial Quiroga, en San Juan, fue condenado por la Justicia provincial por haber montado una falsa tecnicatura vinculada al trabajo en morgues y evisceración, sin ningún tipo de reconocimiento oficial. El acusado, identificado como Daniel Gustavo Algarilla, fue hallado culpable del delito de estafa en perjuicio de al menos cuatro alumnas que habían confiado en la supuesta propuesta educativa.
El fallo fue dictado por el juez Mariano Carrera, quien resolvió imponerle a Algarilla una pena de 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no irá a la cárcel. La causa se inició a fines de 2024, cuando las primeras denunciantes se presentaron ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas para exponer el ardid con el que se promocionaba la presunta “Tecnicatura de Evisceración y Morgue”.
Según se acreditó en la investigación, desde 2022 Algarilla cobraba alrededor de 30 mil pesos mensuales a cada estudiante en concepto de cuota. Para convencer a las personas interesadas, aseguraba que la carrera estaba avalada por el Ministerio de Educación y que él era docente universitario, con la promesa adicional de que el título permitiría acceder a puestos de trabajo en el sistema de Salud Pública o en el Poder Judicial sanjuanino.
Clases en institutos privados y en la propia morgue
De acuerdo con lo publicado por el medio local Tiempo San Juan, el falso curso se dictó inicialmente en 2022 en el Instituto Christine. En 2023, la actividad se trasladó al Centro de Capacitación Eleva y, ya en 2024, continuó en un local ubicado sobre calle Mendoza, identificado como “Instituto de Capacitación Algarilla”. En todos los casos, la propuesta se presentaba como una formación técnica formal.
Durante el debate oral, las víctimas relataron que en varias instancias tuvieron contacto directo con restos humanos y que algunas prácticas se desarrollaron dentro de la morgue del hospital Marcial Quiroga, donde el imputado se desempeñaba como técnico. Estos testimonios reforzaron la gravedad del engaño, al exponer que se utilizaban instalaciones y cuerpos para una actividad totalmente carente de habilitación y supervisión académica.
En los alegatos de cierre, tanto la fiscalía como la querella pidieron una condena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento y una reparación económica para los damnificados. Sin embargo, el juez Carrera desestimó esos planteos y optó por una pena condicional, acompañada por la imposición de reglas de conducta durante dos años, cuyo detalle no trascendió públicamente.
La causa volvió a poner en agenda la necesidad de verificar el aval oficial de cualquier propuesta educativa vinculada a la salud y al ámbito forense, así como de reforzar los controles sobre quienes se presentan como capacitadores en instituciones públicas y privadas.
Con la sentencia, el caso queda cerrado en el fuero penal, aunque las víctimas mantienen la posibilidad de iniciar reclamos civiles para intentar recuperar el dinero abonado y exigir algún tipo de reparación por los daños sufridos. El episodio se suma a otros antecedentes de estafas educativas en el país y reabre el debate sobre la regulación de cursos y tecnicaturas que se ofrecen al margen de los circuitos formales.
