Presos de San Felipe aparecen en vivo con un streamer y desatan una pesquisa
El Ministerio de Seguridad de Mendoza abrió una investigación interna para determinar cómo varios internos del Complejo Penitenciario N°2 San Felipe lograron acceder a teléfonos celulares y participar en un streaming con un influencer, a pesar de que en la provincia rige la prohibición de uso de estos dispositivos dentro de las cárceles desde diciembre de 2023.
El episodio tomó estado público cuando el streamer Valentino Melo difundió en sus redes sociales un fragmento de una transmisión en vivo en la que dialogó con cuatro presos. En esa charla, los propios participantes confirmaron que se encontraban alojados en la cárcel de San Felipe, lo que encendió las alarmas en el Servicio Penitenciario mendocino.
Tras la viralización del video, las autoridades ordenaron una requisa sorpresiva en el Módulo 8B, sector donde están alojados los cuatro reclusos que habrían intervenido del vivo. El operativo, realizado por agentes del Servicio Penitenciario de Mendoza, terminó con el secuestro de cinco teléfonos celulares, lo que refuerza las sospechas sobre el uso indebido de tecnología en el penal.
Los internos identificados quedaron ahora a la espera de eventuales sanciones disciplinarias, administrativas e incluso judiciales. La normativa provincial que prohíbe el uso de celulares en las unidades carcelarias considera esta conducta como una falta grave, con impacto directo en el régimen de beneficios que pueden solicitar los presos.
Posibles sanciones y antecedentes del uso de celulares en cárceles
Entre las medidas que podrían aplicarse se analizan restricciones o pérdida de salidas transitorias, limitaciones en los regímenes de semilibertad y eventuales demoras en el acceso a la libertad condicional. La investigación apunta también a determinar si hubo colaboración externa o complicidad interna para el ingreso de los dispositivos.
La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, detalló que en las cárceles provinciales se incautan alrededor de 15 dispositivos electrónicos por día, lo que da cuenta de la magnitud del problema. Además, recordó que la situación se agravó luego de que, durante la pandemia de COVID-19 en 2020, el gobierno nacional autorizara el uso de teléfonos por parte de los reclusos como herramienta de comunicación con sus familias.
- Requisa sorpresiva en el Módulo 8B de la cárcel de San Felipe.
- Secuestro de cinco celulares vinculados al streaming viral.
- Investigación para determinar responsabilidades internas y externas.
- Posibles impactos en beneficios como salidas transitorias y libertad condicional.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el control del uso de tecnología en los penales y abre el debate sobre los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario para prevenir la circulación de dispositivos ilegales, al tiempo que se mantiene el equilibrio entre la seguridad y los derechos de las personas privadas de libertad.
