Dos años y ocho meses de prisión para un estafador serial en La Pampa
NewsITe
Un hombre que se hacía pasar por mecánico fue condenado en Santa Rosa, La Pampa, tras quedar probado que estafó a distintos comercios utilizando cheques adulterados y denunciados como robados. El monto total del perjuicio económico, registrado entre enero y mayo de este año, asciende a unos 12 millones de pesos, según se desprende de la causa judicial.
La jueza de Control de Santa Rosa, María Florencia Maza, homologó un acuerdo de juicio abreviado y sentenció a Miguel Ángel Hernández, de 50 años, a la pena de dos años y ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento. El fallo lo encontró responsable de seis hechos de estafa en concurso ideal con uso y/o falsificación de documento privado.
De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal general Guillermo Sancho, el condenado tenía un modus operandi reiterado: se presentaba en distintos locales comerciales, principalmente dedicados a la venta de autopartes, herramientas y otros bienes de valor, efectuaba compras de montos elevados y abonaba con cheques adulterados, denunciados como robados o pertenecientes a terceros ajenos a la operación.
En muchos casos, los comerciantes no solo entregaban la mercadería, sino que también le daban dinero en efectivo en concepto de “vuelto” del cheque, lo que incrementó el monto de las pérdidas. Recién cuando los bancos rechazaban los instrumentos o se verificaba su origen ilícito, las víctimas advertían que habían sido engañadas.
Devolución de un auto y derechos de las víctimas
Como parte de las medidas dispuestas en el marco de la causa, la Justicia ordenó la devolución definitiva de un vehículo Volkswagen Suran que permanecía secuestrado durante la investigación. El auto había sido vinculado al accionar delictivo de Hernández y ahora quedará a disposición de sus legítimos titulares, según se informó.
En sintonía con lo establecido por la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372), el juzgado dispuso que todos los comerciantes damnificados sean consultados formalmente para que manifiesten si desean ser notificados de manera previa ante cualquier eventual pedido de beneficios penitenciarios por parte del condenado. Entre esos beneficios se encuentran salidas transitorias, prisión domiciliaria o libertad condicional.
La decisión judicial apunta no solo a sancionar el fraude económico, sino también a garantizar que los damnificados estén informados y puedan ejercer sus derechos en cada etapa del cumplimiento de la pena.
El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de extremar controles en las operaciones con cheques, especialmente en comercios de pequeñas y medianas ciudades, donde la confianza personal suele pesar tanto como las verificaciones formales. Las autoridades judiciales llamaron a los comerciantes a reforzar medidas de seguridad y denuncia temprana ante cualquier operación sospechosa.
