De Vido, condenado por contrataciones irregulares con Odebrecht
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El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) condenó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido a tres años de prisión en suspenso por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en el marco de las contrataciones de la constructora brasileña Odebrecht para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, realizadas entre 2006 y 2008.
La resolución, dictada en Buenos Aires, incluye además la inhabilitación especial y perpetua para ocupar cargos públicos, una sanción que marcará de manera definitiva la trayectoria del exfuncionario, que actualmente cumple prisión domiciliaria por la causa de la tragedia de Once. El fallo se inscribe en la extensa saga de expedientes judiciales vinculados a la obra pública y a presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.
De Vido no fue el único alcanzado por la sentencia. El exsecretario de Energía Daniel Cameron fue condenado también a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. En tanto, el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, junto con la misma prohibición perpetua para desempeñarse en la administración pública.
El rol de los jueces y las absoluciones del caso
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel consideraron a De Vido y a Folgar partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que a Cameron lo tuvieron por autor penalmente responsable. El tribunal dispuso además que, durante el período de las condenas, los tres deberán fijar domicilio y quedar bajo el cuidado de un Patronato, tal como establecen las reglas de la ejecución condicional.
En la misma causa, el TOF 2 resolvió absolver al exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, así como al exsubgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat. En este último caso, los magistrados entendieron que no había acusación suficiente para avanzar con una eventual condena. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 4 de septiembre próximo, a las 14, cuando el tribunal difunda por escrito los detalles del veredicto.
Qué se investigó y los argumentos enfrentados
La investigación se originó tras la causa Skanska, donde se denunciaron sobornos y sobreprecios en la construcción de gasoductos. A partir de esa pesquisa, la Fiscalía Federal N.º 4 detectó presuntas maniobras en la adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos operados por Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS). El foco estuvo puesto en el presunto direccionamiento de la licitación a favor de Odebrecht durante el período 2006-2008.
En su alegato, el fiscal Diego Luciani, acompañado por el fiscal ad hoc José Ipohorski Lenkiewicz, sostuvo que los exfuncionarios crearon un marco normativo a medida de la constructora brasileña, lo que describieron como “un auténtico traje a medida de Odebrecht”. Con esa base, pidieron cuatro años de prisión para De Vido y Cameron, y tres años y seis meses para Folgar y Beuret, además de la absolución de Bragulat.
Las defensas, en cambio, plantearon que las decisiones adoptadas respondieron a la emergencia energética que atravesaba el país a mediados de los 2000, cuando era imprescindible aumentar la capacidad de transporte de gas. Afirmaron que las normas aplicadas fueron avaladas por los tres poderes del Estado y reclamaron la absolución por inexistencia de delito, al considerar que no hubo beneficio indebido ni perjuicio probado al Estado.
Las últimas palabras de los acusados antes del fallo
En la etapa final del debate oral, antes de la lectura del veredicto, Julio De Vido y Cristian Folgar hicieron uso de su derecho a expresarse. El exministro agradeció al tribunal las facilidades para participar del juicio de forma remota debido a problemas de salud y destacó el trabajo de sus abogados. Folgar, por su parte, valoró públicamente el funcionamiento de las instituciones y subrayó la responsabilidad de los jueces a la hora de decidir sobre la libertad y la culpabilidad de una persona.
Folgar cuestionó además la extensión del proceso: recordó que se estaban juzgando hechos de 2006 en 2026, con una instrucción que comenzó recién en 2016-2017. Señaló que el paso del tiempo afectó la producción de prueba, mencionó testigos fallecidos y documentación que ya no pudo ser localizada, y advirtió que esa dilación impacta en la calidad de las decisiones judiciales. También remarcó que una prolongada situación de procesamiento puede convertirse en un “castigo indirecto” para los imputados.
“Argentina está en emergencia energética por falta de capacidad de transporte. Allá por 2006 era indispensable ampliar los gasoductos y se hizo con un cuerpo normativo avalado por los tres poderes”, sostuvo Folgar al cerrar su exposición.
Con este nuevo fallo, De Vido suma otra condena en su contra en causas vinculadas a la obra pública y al manejo de fondos estatales, mientras se espera la publicación de los fundamentos para conocer en detalle cómo el tribunal valoró las pruebas y los argumentos de las partes.
