Un mapa que esconde tensiones históricas
NewsITe
Cuando miramos el mapa político de la Argentina, la disposición de las provincias suele dar la impresión de encajar de manera perfecta, como si se tratara de un rompecabezas armónico. Esa imagen, sin embargo, oculta una larga historia de disputas jurídicas, políticas y técnicas que marcaron la conformación del territorio nacional y que todavía hoy dejan áreas en discusión.
Lejos de ser una suma ordenada de partes fijas e incuestionables, los límites interprovinciales son el resultado de negociaciones, conflictos y acuerdos que se desarrollaron a lo largo de más de un siglo y medio. En muchos casos, la cartografía oficial funciona como un “punto de llegada” que no refleja con claridad los reclamos vigentes ni los procesos que le dieron forma.
Las provincias históricas, firmantes de la Constitución de 1853, heredaron gran parte de su trazado del período colonial, mientras que las jurisdicciones más jóvenes surgieron de la provincialización de los antiguos Territorios Nacionales a mediados del siglo XX. Desde los inicios del sistema federal, la diferenciación de los espacios provinciales estuvo ligada al interés por poblar el territorio y repartir las tierras, tanto las ocupadas como las consideradas potencialmente productivas.
Disputas, técnica y decisiones políticas
Durante décadas, cada vez que aparecía un conflicto limítrofe entre provincias se formaban comisiones integradas principalmente por abogados que revisaban mapas históricos, relatos de viajeros y normas legales para argumentar por dónde debía trazarse la frontera interna. Esa reconstrucción documental se combinaba luego con tareas de agrimensura en el terreno.
Uno de los casos emblemáticos es el del Meridiano V, límite oeste de la provincia de Buenos Aires, medido por el agrimensor Juan Pirovano entre 1880 y 1882. La imprecisión en el punto de origen utilizado y la pérdida de los mojones originales derivaron, años más tarde, en la detección de un corrimiento hacia el oeste, que implicó la incorporación de unas 20.000 hectáreas en detrimento del entonces Territorio Nacional de La Pampa. Corregir el error hubiera generado un verdadero caos jurídico y económico para cientos de colonos, por lo que en 1907 el Congreso declaró inamovible el trazado original, privilegiando la estabilidad política por sobre la precisión técnica.
Con el tiempo, la labor de estas comisiones fue formalizándose. En 1935 se creó por ley una Comisión Técnica Especial y, ya en 1967, la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales (CNLIP). En distintos períodos de gobiernos de facto, el Poder Ejecutivo avanzó mediante decretos-leyes en la fijación de límites internos, muchas veces cuestionados posteriormente por las provincias por la escasa intervención del Congreso. Recién con el retorno democrático en 1983 se restableció la potestad exclusiva del Parlamento para definir estos trazados, con el actual Instituto Geográfico Nacional como asesor técnico.
Los límites pendientes y sus impactos actuales
En 2017, el Instituto Geográfico Nacional difundió un mapa donde identificó los tramos de límites interprovinciales que continúan con dificultades para su representación precisa o que no cuentan con un reconocimiento pleno por parte de todas las jurisdicciones. Entre los casos más relevantes se ubican las fronteras que comparten Formosa, Chaco y Salta, y las que involucran a Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, en zonas que fueron Territorios Nacionales.
- En muchos de estos tramos no hay conflictos abiertos, pero sí reclamos latentes a la espera de revisión legislativa o acuerdos políticos.
- Uno de los ejemplos más citados es la denominada “Línea Barilari – Límite Tripartito Impenetrable”, que separa a Salta de Chaco y Formosa y que dio origen a un reclamo formoseño por unas 400.000 hectáreas.
- Las definiciones sobre límites no solo ordenan el mapa: condicionan la gestión de recursos naturales, la infraestructura, la recaudación fiscal y la vida cotidiana de las poblaciones de frontera.
Más allá de la historia jurídica de cada disputa, los conflictos limítrofes ponen en juego problemas actuales: desde el control sanitario y de seguridad en rutas interprovinciales hasta la administración compartida de ríos, acuíferos y áreas de riesgo por inundaciones o incendios. Esos fenómenos no respetan las líneas trazadas en el papel y exigen esquemas de cooperación entre gobiernos.
La mirada de la geografía y el desafío democrático
Desde una perspectiva geográfica crítica, los límites no son meras líneas neutras sino expresiones de relaciones de poder, decisiones sobre la apropiación del espacio y formas de concebir el territorio. De allí la importancia de “desnaturalizar” los mapas oficiales: entender que lo que aparece como una imagen estable y cerrada es, en realidad, el resultado provisorio de procesos históricos complejos.
El mapa actual de la Argentina es solo una de las posibles representaciones del territorio, y cumple una función central en la construcción de ciudadanía y en la organización del poder político.
La geografía, combinada con otras disciplinas, ofrece herramientas para planificar de manera integrada los espacios compartidos, administrar mejor los recursos y anticipar conflictos. Pero esa tarea requiere, además, de instituciones democráticas sólidas que garanticen debate legislativo, participación provincial y mecanismos transparentes para resolver las controversias. Como muestra la historia de los límites interprovinciales, lo que está en juego no es solo la línea en el mapa, sino la forma en que el país imagina, organiza y gobierna su propio territorio.
