El giro político que reordenó la discusión sobre Discapacidad
NewsITe
La irrupción del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados desató un verdadero temblor político en el oficialismo. Entre sus artículos, el texto original incluía recortes que impactaban de lleno en el sistema de protección social de las personas con discapacidad, un tema extremadamente sensible que ya había dejado profundas heridas en el Congreso. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue el primero en advertir el costo político del «baldazo de agua fría» y quedó en el centro de una crisis que amenazaba con quebrar los frágiles equilibrios con los aliados.
La Libertad Avanza arrastraba todavía las marcas de seis derrotas seguidas del año anterior, cuando la oposición se impuso con la ley de emergencia en Discapacidad y logró insistir con el texto tanto en Diputados como en el Senado. Pese a las advertencias de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, que había pedido evitar nuevos choques en un frente tan delicado, el Presupuesto llegó al Congreso con un ajuste duro, percibido por referentes de todo el arco político como una señal de desaprensión hacia las personas con discapacidad.
La reacción interna no tardó en llegar. Diputados libertarios, aliados parlamentarios y figuras clave como Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici cuestionaron el rumbo. Ambas legisladoras habían sido garantes ante los socios de la promesa de un «proyecto superador» respecto de la emergencia vigente, por lo que el texto original del Presupuesto las dejó en una posición incómoda. Menem, consciente del daño en la confianza, se puso al frente de una operación de contención para desactivar el conflicto y redefinir la estrategia.
Gestión de crisis y negociación con los aliados
En paralelo, Bullrich elevó el tono y calificó los cambios en materia de Discapacidad como una «bomba atómica», reclamando al Gobierno que no subestimara el impacto político del tema. Con la presión creciendo, Menem abrió una mesa de negociación más amplia con bloques aliados y dio luz verde a la búsqueda de un dictamen alternativo que recompusiera puentes. El objetivo era claro: transformar un ajuste impopular en una propuesta que mantuviera el equilibrio fiscal sin abandonar las principales conquistas del sector.
En ese marco, cobraron protagonismo legisladores de Argentina Federal, el MID y otros bloques dialoguistas. El misionero Oscar Herrera Ahuad, junto al salteño Bernardo Biella y a los diputados Eduardo Falcone y Oscar Zago, capitalizó la debilidad del oficialismo para impulsar modificaciones sustanciales. Contra todos los pronósticos iniciales, el borrador fue incorporando buena parte de los beneficios establecidos en la ley de emergencia 27.792.
Entre los puntos centrales se mantuvo la homogeneidad y universalidad del nomenclador, la indexación de aranceles para prestadores, la cobertura garantizada del programa Incluir Salud y la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el empleo registrado hasta dos salarios mínimos. El resultado fue un giro de 180 grados: de un Presupuesto visto como regresivo, a un dictamen que convertía un esquema transitorio de emergencia en un marco legal de alcance nacional y permanente.
Resistencias, votos y el cierre del partido
Aun con el volantazo, sectores de la oposición mantuvieron sus reparos. El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, argumentó que la pérdida del carácter de «emergencia» podía debilitar las herramientas judiciales de personas con discapacidad y prestadores que hoy litigan contra el Estado. Según su postura, la emergencia refuerza el peso de la urgencia del derecho vulnerado ante los jueces y facilita la obtención de medidas cautelares favorables.
En la misma línea, el diputado Juan Marino advirtió que, con el nuevo esquema propuesto por el oficialismo, los criterios socioeconómicos para acceder a pensiones por discapacidad volverían a depender del Poder Ejecutivo y dejarían de estar fijados por el Congreso. Pese a estos cuestionamientos, no lograron frenar el avance del dictamen oficialista, que reunió 42 firmas frente a las 36 adhesiones que obtuvo la propuesta de minoría.
El cambio de rumbo generó incluso descripciones irónicas dentro de la propia oposición: el «lilito» Maximiliano Ferraro habló de un «recule en chancletas», mientras que Martínez se refirió a «saltos ornamentales» y «contorsionismo» político para ilustrar el viraje de La Libertad Avanza. Más allá de las metáforas, el saldo concreto fue que Menem logró revertir un escenario adverso, recuperar la iniciativa y encarar la sesión en la que se tratará el tema Discapacidad con un dictamen de mayoría consolidado.
Con el respaldo de figuras experimentadas como Giudici y Rodríguez Machado, el oficialismo apuesta ahora a llevar el proyecto al recinto el 7 de octubre, en una sesión que también incluiría el tratamiento de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El desenlace de ese debate terminará de definir si la remontada iniciada por Menem se consolida como un punto de inflexión en la gestión parlamentaria de La Libertad Avanza o si se abre un nuevo capítulo de tensión en torno a la política de discapacidad en la Argentina.
