Ocho guerrilleros muertos en el operativo más letal del nuevo gobierno
NewsITe
Al menos ocho integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales disidencias de la ex guerrilla de las FARC, murieron en un bombardeo del Ejército colombiano en el departamento del Guaviare, en la zona centro-sur del país. El presidente Abelardo de la Espriella informó que se trató de un ataque de precisión, considerado hasta ahora el golpe más letal de su flamante administración.
Según detalló el mandatario en su cuenta de X (ex Twitter), la ofensiva combinó un bombardeo aéreo y una posterior operación terrestre de comandos especiales. El resultado preliminar, indicó, fue de ocho insurgentes abatidos, calificados por el Gobierno como “terroristas” pertenecientes a la estructura armada que responde al jefe disidente conocido como alias Calarcá, cuyo nombre real es Alexander Díaz Mendoza.
La operación se desarrolló durante la madrugada en una zona selvática del Guaviare, un territorio históricamente afectado por la presencia de grupos armados ilegales y actividades vinculadas al narcotráfico. Tras el ataque, las fuerzas militares reportaron el decomiso de al menos once fusiles, cinco ametralladoras y abundante material logístico y de abastecimiento, lo que refuerza la hipótesis oficial de que se trataba de un campamento estratégico del EMBF.
Ofensiva del nuevo gobierno y fin de los diálogos de paz
El presidente De la Espriella calificó la acción como un golpe contundente contra las estructuras criminales del grupo comandado por alias Calarcá. “La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona”, señaló el jefe de Estado, que asumió el cargo hace apenas tres semanas con un discurso centrado en la mano dura frente a las organizaciones armadas y la delincuencia común.
En ese marco, el mandatario remarcó que Colombia “está pasando a la ofensiva” y advirtió que los grandes cabecillas y sus redes no tendrán “escondite ni santuario” en ningún punto del territorio nacional. El gobierno rompió así con la política de diálogo impulsada por la administración anterior de Gustavo Petro, que había intentado abrir negociaciones simultáneas con diversas estructuras guerrilleras y bandas criminales.
El bombardeo en Guaviare es el segundo ataque aéreo de este tipo bajo el actual gobierno. El primero, registrado a comienzos de agosto, dejó dos guerrilleros muertos y provocó también heridas a civiles, lo que generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Pese a esas críticas, el Ejecutivo sostuvo que mantendrá la estrategia militar como eje para intentar contener la violencia.
Escalada de violencia y apoyo militar de Estados Unidos
Colombia atraviesa la peor ola de violencia de la última década, marcada por disputas territoriales entre disidencias de las FARC, el ELN, bandas narco y otras estructuras criminales que se disputan el control de rutas y laboratorios en el principal país productor de cocaína del mundo. La desmovilización de las FARC tras el acuerdo de paz de 2016 no logró desactivar por completo el negocio ilegal, y distintas facciones se rearmaron o nunca aceptaron el pacto.
- El EMBF se ubica entre las disidencias más activas y mejor armadas, con presencia en varias regiones estratégicas.
- Guaviare es una zona clave para el cultivo de coca, el transporte de cargamentos y la instalación de campamentos clandestinos.
Como parte de su nueva estrategia de seguridad, el gobierno colombiano autorizó el 12 de agosto la realización de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Esta cooperación apunta a reforzar la inteligencia, la logística aérea y la capacidad operativa de las fuerzas colombianas en áreas de difícil acceso, como las selvas amazónicas y las zonas fronterizas.
“Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”, afirmó De la Espriella.
Mientras se consolidan las operaciones en Guaviare, organizaciones de derechos humanos vuelven a reclamar que se extremen las medidas para evitar daños a la población civil y que se retomen caminos de negociación política. El desafío del nuevo gobierno será encontrar un equilibrio entre la ofensiva militar y la protección de comunidades que, desde hace décadas, quedan atrapadas en el fuego cruzado de la guerra interna.
