El Gobierno actualiza costos y subsidios para el transporte del AMBA
NewsITe
La Secretaría de Transporte de la Nación dispuso una profunda actualización de la estructura de costos del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ordenó el pago de $38.840 millones en concepto de retroactivos a las empresas prestatarias. La decisión, formalizada a través de la Resolución 80/2026 publicada en el Boletín Oficial, apunta a reconocer los aumentos salariales del sector, la suba de insumos y a acompañar el inicio de la transición hacia colectivos a GNC y eléctricos.
La nueva metodología de cálculo incorpora rubros técnicos vinculados a la migración energética, de modo que se contemplen las inversiones en infraestructura necesarias para abastecer unidades con gas natural comprimido (GNC) y para la recarga de colectivos eléctricos. También se incluye el costo financiero derivado de la compra o conversión de unidades que utilicen tecnologías de propulsión alternativas al gasoil, el combustible predominante en la flota actual del AMBA.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), sobre un parque total de 6.855 colectivos de líneas nacionales en el AMBA, la amplia mayoría continúa operando con gasoil, mientras apenas 33 unidades funcionan a GNC y solo 3 son eléctricas. El Gobierno busca que, a partir del reconocimiento explícito de estos costos en la estructura de subsidios, el sector privado tenga mayores incentivos para avanzar en la renovación del parque y reducir el impacto ambiental del transporte urbano.
Montos de compensaciones y pago retroactivo a las empresas
La resolución aprueba las planillas de costos y los montos de compensaciones tarifarias para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, así como para enero de 2027, período que servirá de referencia para los meses siguientes. Los subsidios serán financiados principalmente con fondos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), nutrido por el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, y se complementarán con recursos del Presupuesto Nacional administrados a través de un fideicomiso en el Banco Nación.
- Octubre 2026: compensación mensual estimada en $101.728.449.762.
- Noviembre 2026: compensación mensual de $101.549.727.143.
- Diciembre 2026: compensación mensual de $101.753.054.821.
- Enero 2027: compensación proyectada de $103.725.213.597.
A estos montos se suma el reconocimiento de un diferencial de recaudación correspondiente al período junio-septiembre de 2026, por un total de $38.840.841.807, que se cancelará en favor de las empresas operadoras del sistema. Según Transporte, este pago busca saldar desfasajes generados por el aumento de costos que no habían sido plenamente reflejados en la estructura de subsidios.
Evolución del costo técnico y tarifas sin subsidio
El nuevo esquema también detalla cómo evolucionará el costo técnico del sistema medido en pesos por kilómetro recorrido. En el caso de las líneas Suburbana Grupo 1 (SGI), el costo por kilómetro sin IVA pasa de $4.223,63 en octubre de 2026 a $4.881,37 en enero de 2027. Considerando todos los servicios urbanos e interprovinciales alcanzados, el costo promedio del sistema por kilómetro se incrementa de $3.976,32 a $4.589,56 en el mismo lapso.
Si se toma en cuenta la tarifa técnica sin compensaciones —es decir, el valor que debería pagar cada pasajero en ausencia de subsidios estatales—, el monto medio sube de $1.901,08 en octubre de 2026 a $2.221,53 proyectados para enero de 2027. Estas cifras ilustran la magnitud del esfuerzo fiscal destinado a contener el precio del boleto en el AMBA y muestran, además, el impacto que tienen las paritarias, los seguros, los peajes y los insumos en los costos finales del sistema.
La actualización de costos incorpora el acuerdo paritario firmado el 22 de julio de 2026 y contempla la adecuación del mínimo no imponible contributivo, con una detracción patronal mensual de hasta $10.505 por trabajador.
Por otra parte, la Resolución 80/2026 deroga el esquema de “Financiamiento por Jurisdicción”, al considerar que la metodología de costos corresponde de manera integral a la Jurisdicción Nacional. De esta forma, queda sin efecto el detalle de participación de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya cuentan con sus propios cálculos y mecanismos de financiamiento. Con este cambio, el Gobierno nacional busca simplificar el sistema de compensaciones y avanzar, en paralelo, en un modelo que favorezca la modernización y la sustentabilidad del transporte público en el Área Metropolitana.
