Clases públicas de la UBA en Plaza de Mayo por la ley

La UBA lleva sus aulas a Plaza de Mayo para exigir fondos

NewsITe

La Universidad de Buenos Aires (UBA) trasladó este martes parte de su actividad académica a Plaza de Mayo con una extensa jornada de clases públicas y servicios gratuitos a la comunidad, en reclamo de la plena aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y del cumplimiento de los fallos judiciales vinculados al sistema público de educación superior.

Desde las primeras horas de la mañana y hasta la medianoche, los 13 decanos de las distintas facultades encabezan clases magistrales abiertas, en un formato que combina protesta y actividad académica a cielo abierto frente a la Casa Rosada. La iniciativa se inscribe en la jornada nacional de lucha de las universidades públicas.

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En paralelo, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a sus propias clases públicas desde las 11, también en Plaza de Mayo, con la presencia de docentes, no docentes, estudiantes y organizaciones sociales. El objetivo central, remarcan, es visibilizar el impacto del recorte presupuestario y exigir que el Gobierno nacional acate las decisiones judiciales que ordenan recomponer salarios y becas estudiantiles.

Servicios gratuitos y ciencia al aire libre

Además de las clases, la UBA montó una serie de puestos para ofrecer prestaciones gratuitas a quienes se acerquen a la plaza. Entre los servicios anunciados figuran atención en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, así como asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.

También se instalaron espacios para mostrar proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico realizados en las distintas unidades académicas. Entre las iniciativas se destaca la exhibición de un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes, pensado como símbolo del vínculo entre la universidad pública, la innovación y la industria nacional.

  • Clases magistrales de los 13 decanos de la UBA, abiertas al público.
  • Servicios de salud, asesoramiento legal y atención social sin costo.
  • Muestras de investigación y tecnología desarrolladas en la universidad.
  • Participación de gremios, centros de estudiantes y organizaciones científicas.

El trasfondo: la disputa por la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto actual tiene como telón de fondo la Ley 27.795, que establece un esquema de financiamiento para las universidades nacionales. El decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo condicionó su aplicación a la previa determinación de las fuentes específicas de financiamiento, lo que, en los hechos, retrasó su puesta en marcha.

Esa decisión motivó presentaciones judiciales por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de varias universidades nacionales. En junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una medida cautelar sobre los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la actualización salarial de docentes y no docentes, y a la recomposición de las becas para estudiantes.

El 1º de septiembre, el conflicto sumó un capítulo clave cuando el juez federal Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar de manera inmediata las partidas previstas en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º. Estos fondos se destinan al funcionamiento de las universidades, salarios, becas e investigación, y representan, según el fallo, un impacto fiscal equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

“La educación superior pública es una inversión estratégica y no un gasto”, remarcan desde los gremios universitarios, que advirtieron que podrían convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria si no se cumple la ley antes de la primera semana de octubre.

Mientras se acumulan las resoluciones judiciales y los reclamos del sistema universitario, la UBA decidió convertir a Plaza de Mayo en un aula masiva para recordar que detrás de los números de presupuesto hay hospitales, laboratorios, proyectos tecnológicos y miles de trayectorias educativas que dependen del financiamiento estatal.

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